Teresa Porras ejecutará la subrrogación de la plantilla de Limasa y fijará los sueldos

Málaga

Contrarreloj, el equipo de gobierno en el ayuntamiento de Málaga constituye este martes el consejo de administración de la nueva 'Limasa pública' con la premura de conseguir que entre a funcionar el próximo 1 de julio, cómo se acordó.

La concejala Teresa Porras se convertirá en la consejera delegada, a la que se le otorgarán "expresamente" las "facultades necesarias para designar y contratar a todo el personal de la sociedad, así como a organizarlo, señalar sus atribuciones, fijar sueldos, salarios y gratificaciones", según recoge el orden del día del consejo.

La edil explica que asumirá esas funciones de forma transitoria y siguiendo la hoja de ruta prevista para realizar "el trasvase" de la plantilla, que viene de una empresa mixta y cuyos trabajadores pasarán a ser indefinidos laborales. Después, Porras sostiene que dimtirá una vez que sea nombrado el gerente.

Pero la municipalización tiene que solventar aún un obstáculo más, dado que sigue bajo la espada de Damocles de los socios privados: este jueves vuelve a reunirse el consejo de administración de la 'vieja Limasa' para poder aprobar los trámites que los socios privados bloquearon en el consejo anterior para que la gestión de la limpieza pase a ser pública: en el tercer punto el ayuntamiento advertirá a esas empresas que deben poner a disposición del consistorio los bienes, instalaciones y material para que el servicio público eche a andar el mes que viene, los acusa de "actitud obstruccionista" y señala la intención de acudir a los tribunales en el caso de persisitir en el incumplimiento.

En mitad del chaparrón, los juzgados han dado la razón al ayuntamiento en una primera causa y desestiman la medida cautelar solicitada por la asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (ASELIP) contra la municipalización del servicio, una asociación de la que forman parte los privados de Limasa, según han indicado fuentes municipales. Lo que aún se dirime en los tribunales contencioso administrativos es la medida cautelar solicitada directamente por SERUMA -la sociedad que controla el 51 por ciento de Limasa y de la que forman parte FCC, Sando, Urbaser y Unicaja- para tratar de frenar el fin de la empresa mixta de limpieza y la creación de la nueva empresa municipal.