El rector de la Rey Juan Carlos, nuevamente investigado por prevaricación

Móstoles

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha sido citado a declarar como investigado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles por la presunta comisión de delitos de malversación pública, falsedad documental y prevaricación administrativa.

Según ha adelantado el diario 'Madrid Actual' y han confirmado Efe fuentes de la URJC, Ramos acudirá a declarar el próximo 1 de octubre tras admitir a trámite el juez una querella presentada por el profesor y exdirector del Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) de la universidad Jorge Urosa Sánchez.

Fuentes de la universidad han señalado a Efe que, a raíz de la polémica sobre las presuntas irregularidades en el máster cursado por la expresidenta regional Cristina Cifuentes, el rector encargó una serie de auditorías en diversos entes, entre ellos el Centro Integral de Formación Permanente (CIFP) que dirigía Urosa Sánchez.

Según estas fuentes, la auditoría detectó "una serie de incumplimientos de la normativa y de las funciones de control de gasto" que podrían implicar "un grave perjuicio para las arcas de la propia universidad", por lo que se remitieron estas conclusiones a la Fiscalía para que decidiera si abría una investigación.

Dicha investigación motivó el cese de Urosa Sánchez, quien por su parte presentó una querella contra Ramos y contra el gerente general de la URJC, Luis Mediero, acusándoles de los delitos de malversación pública, falsedad documental y prevaricación administrativa por el encargo de la auditoría.

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El pasado mes de enero, el rector de la Rey Juan Carlos declaró como investigado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Fuenlabrada por presunta prevaricación, malversación, delito contra la propiedad intelectual y coacciones por la ruptura del convenio con el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso.

Esta declaración tuvo lugar tras admitir a trámite el juez una querella presentada por el Instituto Alicia Alonso, después de que el rector no renovara el acuerdo de encomienda de gestión que se mantenía desde hace 18 años.