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La Fiscalía archiva la investigación por la instrucción de no trasladar ancianos a los hospitales

Estuvo vigente varias semanas entre marzo y abril

Residencia de ancianos / Radio Castilla

Burgos

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado la investigación que abrió tras una denuncia del Defensor del Paciente que apreciaba indicios de varios delitos en la instrucción de la Junta de Castilla y León para reducir el traslado de ancianos de residencias con sospechas de Covid a hospitales.

En su decreto, la Fiscalía entiende que no se aprecian indicios de ningún delito, fundamentalmente porque se trataba de una instrucción general que no prohibía el traslado de los ancianos al hospital, sino que dejaba la decisión última a criterio de los sanitarios.

El Defensor del Paciente consideraba que las instrucciones de la Junta pueden constituir un delito de denegación de asistencia sanitaria, homicidio y prevaricación. Sin embargo, la Fiscalía concluye que el delito de denegación de asistencia sanitaria solo es aplicable a profesionales de la sanidad y recuerda que los ancianos si recibieron atención.

También se descarta el homicidio porque en la denuncia, basada en una información periodística, no se facilita de forma concreta la identidad de los fallecidos que podrían haber sido víctimas de este delito ni se apuntan casos precisos en los que se aprecien indicios de criminalidad.

En cuanto a la prevaricación, la Fiscalía entiende que en los escritos de la Junta de Castilla y León no se prohíbe en ningún momento el ingreso de ancianos de las residencias en el hospital. Entiende que lo que se planteaba, en los momentos más duros de la pandemia, era un criterio de gestión, aunque se dejaba la decisión final, en cada caso, en manos del personal sanitario.

 
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