Reyero vuelve a señalar a la Comunidad de Madrid como responsable de la gestión de las residencias
El consejero de Políticas Sociales ha sido el único miembro del Gobierno que no ha querido levantarse para aplaudir a Ruiz Escudero, responsable regional de Sanidad, al final de la sesión de la mañana
Madrid
El consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), asegura que él no se ha "quitado de en medio" ante la crisis sanitaria del coronavirus, y ha dicho que la responsabilidad sobre las residencias está en la Comunidad de Madrid y en concreto en su consejería. Al final de la sesión de la mañana, el Gobierno regional se ha puesto en pie para aplaudir a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad que se enfrenta por la tarde a la votación de reprobación. Reyero, sin embargo, ha sido el único miembro del ejecutivo que ha decidido permanecer en su asiento. A pesar de este gesto ha vuelto a anunciar que votará en contra de reprobar a su homólogo de Sanidad.
"Yo sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma y está en esta consejería", ha declarado en el pleno de la Asamblea de Madrid durante una pregunta del diputado de Vox Ignacio Arias.
De esta forma, el consejero se ha desmarcado de la opinión de su socio de Gobierno, el PP, y de otros miembros de su partido que defienden que la responsabilidad de las residencias durante el estado de alarma en la pandemia ha sido del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al ostentar el mando único.
En el caso de la Comunidad de Madrid, las residencias son competencia de la Consejería de Políticas Sociales (Ciudadanos) pero la Consejería de Sanidad (PP) ha asumido durante la pandemia la gestión sanitaria de estos centros. Desde el 8 de marzo han muerto en la Comunidad de Madrid 5.985 personas en resdidencias por coronavirus, un cómputo en el que se incluye a los casos probados con casos PCR y a quienes presentaban sintomatología compatible con la COVID-19.
Reyero ha reiterado en el pleno de la Asamblea su posición respecto "a la medicalización de las residencias", petición que asegura haber hecho "por tierra, mar y aire en cualquier reunión" donde ha participado su consejería.
En concreto, se ha referido a una intervención de su viceconsejero, Javier Luengo, en una reunión telemática mantenida el 8 de abril con la Consejería de Sanidad. Allí, el viceconsejero expuso "que la necesidad de médicos se sabe desde el primer día, que se han buscado permanentemente y que la responsabilidad de que haya o no médicos no es de que haya o no una lista".
También opinó que "no se consideran las residencias como una atención desde el punto de vista sanitario". Reyero también ha contado que, en otra reunión del día 4 de abril, "se debatió la conveniencia o no de dividir las residencias en centros con positivos y centros sin positivos, lo que conllevaría el traslado de un alto número de residentes y el refuerzo sanitario en aquellas residencias con un alto número de positivos".
Los protocolos que elaboró la Comunidad para organizar las derivaciones de residencias a hospitales fueron el motivo de un enfrentamiento abierto que se produjo el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, y Reyero, quien llegó a afirmar que dichos textos eran "posiblemente ilegales".
Ruiz Escudero ha llegado a admitir que una versión del texto que recomendaba no derivar a los hospitales a aquellos ancianos con infección respiratoria que no puedan caminar por sí solos se envió a los centros, aunque lo atribuyó a un "error".
Reyero ha afirmado este jueves que, desde que el 26 de marzo se decidiera poner las residencias bajo un mando único liderado por la Consejería de Sanidad, se han celebrado 74 reuniones en las que Políticas Sociales "ha expuesto la problemática que han ido sufriendo las residencias en cada momento, reclamando soluciones para las mismas".
"Se compartía toda la información que recopilaba diariamente mi consejería (...) se han tomado decisiones conjuntas sobre altas, bajas, reubicación y traslado de residentes", ha añadido. Asimismo, ha subrayado que se intervinieron administrativamente 14 residencias, que han estado dirigidas por empleados públicos durante dos meses, y que en el marco del plan de choque se han realizado en los centros sociosanitarios 463 reconocimientos ligeros y 289 reconocimientos pesados.