Imputados dos ex altos cargos de Sanidad por fraccionar contratos
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 aprecia "irregularidades" e "indicios racionales de criminalidad" por lo que les acusa de una presunta prevaricación administrativa
Los dos ex altos cargos fraccionaron contratos de servicios, obras y suministros entre 2015 y 2017
El Partido Popular pedirá la apertura de juicio oral
Santander
Novedades que les cuenta la Cadena SER sobre la investigación judicial iniciada por el fraccionamiento de contratos en el Servicio Cántabro de Salud durante la pasada legislatura, en concreto entre 2015 y 2017.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha imputado a dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud por un presunto delito de prevaricación administrativa. La jueza da a las partes un plazo de 10 días para que soliciten la apertura de juicio oral.
Algo que hará el Partido Popular, según han confirmado a la Cadena SER fuentes de la formación.
Los dos ex altos cargos del anterior Gobierno PRC-PSOE son el que fuera gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González Gómez.
La jueza sostiene en su escrito de imputación que existen "indicios racionales de criminalidad" por el fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios de asesoría, la realización de obras de mantenimiento en varios centros de Salud y la compra de 22 ecógrafos.
La investigación judicial ha comprobado que la contratación de un asesor externo que prestó sus servicios para el Servicio Cántabro de Salud, Álvaro Sáez de Veteri, -y que ha fallecido recientemente- se hizo mediante varios contratos fraccionados con él mismo y con su hija. El objetivo de esta maniobra, dice el juzgado, fue "evitar la publicidad y la libre concurrencia".
Por otra parte, la jueza señala el fraccionamiento de contratos para ejecutar obras de reforma en cuatro centros de salud. Al margen de que el Gobierno ya tenía un contrato con una empresa de mantenimiento, el Ejecutivo encargó estas obras a otras empresas y lo hizo partiendo el contrato para evitar el concurso, tal y como consta -por otra parte- en el informe de la Intervención General de la comunidad. Uno de los administradores de las empresas es el hijo del alcalde de Suances, el socialista Andrés Ruiz Moya.
Y en tercer lugar, la jueza pone en tela de juicio el fraccionamiento de la compra de 22 ecógrafos en dos lotes diferentes. Cada lote estaba compuesto por 11 sublotes, de nuevo, con el objetivo de evitar el concurso público que establece la ley, ya que cada uno fue adquirido mediante contrato menor.
La sentencia, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, exime de toda responsabilidad al anterior gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil. Un sobresimiento de esta parte de la causa que la Fiscalía ya ha recurrido.
Estas presuntas irregularidades fueron cometidas bajo la gestión de la ex consejera Luisa Real, que abandonó el cargo tras las últimas elecciones autonómicas.