La Comunidad contrata para construir 4 centros educativos a una empresa que acumula retrasos en un instituto

Madrid

La historia se repite. El gobierno madrileño acaba de adjudicar la construcción de cuatro centros educativos a una misma empresa que ya ha sufrido retrasos en otras obras de este tipo, en concreto, en un instituto que lleva más de un año intentando acabar. Lo denuncia la Plataforma Centros Públicos Ya! que teme que el gobierno de Ayuso haya roto con la premisa que fijó Cifuentes para que el criterio económico no fuera el único a tener en cuenta en estas adjudicaciones.

La empresa se llama Proforma y se encargará de ejecutar las obras de los institutos Malala y Antonio Machado en la capital, el instituto de Alpedrete y el colegio Blas de Lezo en Parla. En todas las adjudicaciones, su oferta ha sido de un 20% por debajo del precio inicial de licitación y es el criterio que más ha pesado para otorgarle el contrato. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha tenido en cuenta los problemas que arrastran otros centros cuyas obras también se adjudicaron a esta empresa, como un instituto de Vicálvaro, donde también presentaron la oferta económica más ventajosa, pero donde los retrasos han obligado a los alumnos a dar clase en la biblioteca, el laboratorio, incluso el huerto, ante la falta de espacios habilitados.

"Es una empresa que tiene ya un histórico negativo y creemos que esto no puede ocurrir porque da pie a ese riesgo de que de nuevo las familias tengamos que aguantar unas condiciones de calidad ínfimas, con el riesgo de ver la obra retrasada más meses de lo previsto", asegura Fernando Mardones, portavoz de la Plataforma Centros Públicos Ya! A estas nuevas adjudaciones realizadas por la Comunidad de Madrid, hay que sumar que la misma empresa, Proforma, está concursando actualmente para conseguir la licitación de dos ampliaciones de institutos, el IES Aldebarán en Alcobendas, y el IES Antonio Fraguas, en la capital, con unas ofertas que la propia dirección general de infraestructuras educativas ha calificado de presunta baja temeraria por lo que le ha sido requerido que justifique su situación.

Desde la Consejería de Educación aseguran a la Cadena SER que no se puede excluir a ninguna empresa de un procedimiento de licitación salvo que incurra en alguno de los incumplimientos previstos en la ley de contratos. "Si hubiera incurrido en una baja desproporcionada o temeraria", explica un portavoz de la consejería, "habría sido excluida". La plataforma cree que el gobierno madrileño tiene que actuar ante esta situación porque pone en riesgo la vuelta al cole segura que pretende el ejecutivo regional. "Sabemos que los centros públicos están saturados y masificados por la falta de oferta pública que hay en muchas zonas, en barrios jóvenes, y septiembre con las obligaciones que nos llegarán de cumplir distanciamientos, creemos que muchos centros no los cumplen", explica Mardones.