El PSOE reprocha a Armisén que se haya puesto de perfil en el asunto de las macrogranjas

Palencia

El Grupo Socialista en la Diputación de Palencia ha lamentado la postura tomada por su presidenta, Ángeles Armisén, respecto a instalación de macrogranjas al haber decidido ponerse de perfil y dejar abandonados a su suerte a los ayuntamientos y a los vecinos de los municipios afectados.

Según el documento remitido a los diputados del PSOE, el Partido Popular en la institución “se lava las manos” al asegurar que no entra en sus competencias la posibilidad de interferir en materias que exceden del ámbito provincial y deja desamparados a los consistorios al apuntar que deben ser ellos los que resuelvan en el ejercicio de sus competencias.

Los socialistas recuerdan que en el pasado pleno la presidenta de la Diputación perdió una gran oportunidad de posicionarse acerca del proyecto de ejecución de 16 granjas industriales porcinas en la provincia, 14 de ellas promocionadas por una única empresa. Tampoco mostró ningún interés en posicionarse sobre el tipo de proyecto provincial que tiene para Palencia y que pueda evitar este desangrado económico y social.

Sin embargo, añaden desde el PSOE, esta pasividad e inacción de facto lo único que hace es favorecer a los que están completamente a favor de un proyecto tan desastroso y devastador para toda la provincia. En este sentido, resulta paradójico que Armisén “venda” las bondades de la provincia en el marco del Canal de Castilla y a la vez “pase” ampliamente de un atentado de estas características a los recursos turísticos de la zona norte.

La compañía promotora, los escasos propietarios de terrenos, algunos regidores y ciertos cargos políticos apoyan sin miramiento unos proyectos que para nada son locales, pues afectan a todo el entorno y a buena parte la provincia, lo cual exige, a juicio de los socialistas, un posicionamiento firme de la Diputación.

Para el PSOE, el escudarse en falta de competencia, es simplemente la excusa del que no quiere posicionarse, por la razón que sea. Hay muchos modos de ejercer la competencia, y si bien son las administraciones locales las que pueden otorgar o no licencia, la Diputación debe y puede informar y dar todas las opciones posibles a los ayuntamientos para defender sus intereses. Y ahí es donde este equipo de gobierno hace dejación de funciones, al no ayudar a los ayuntamientos para defender sus derechos con la ley en la mano, pues al igual que existen leyes para instalar estas factorías porcinas, hay otras que defiende a los pueblos del ataque de estas grandes compañías.

El Grupo Socialista reprocha a Armisén que la Diputación haya dejado solos y desvalidos a los ayuntamientos contrarios a dicha instalación, y sin embargo, miembros de la Corporación provincial, cargos públicos del partido en Gobierno apoyan abiertamente a los municipios que estaban a favor aunque ya algunos se vayan descolgando.

Desde el PSOE se acaba afirmando que se trata un grave problema provincial, ejecutado con un modus operandi muy similar: en pueblos pequeños, con propietarios de terrenos en muchos casos vinculados a corporaciones locales, encantados con la España Vaciada para desarrollar proyectos contaminantes rechazados en otros territorios.