, 14 de de 2020

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Demanda colectiva a Fidere. La mayoría de las familias, de Torrejón de Ardoz

Familias afectadas por la venta de pisos del IVIMA a fondos buitre, acuden a la sede de Fidere-Blackstone en Madrid para entregar la demanda colectiva de 75 familias, la mayoría de Torrejón de Ardoz. La iniciativa está impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Demanda colectiva contra Fidere (Blackstone)

Demanda colectiva contra Fidere (Blackstone) / Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Las familias afectadas por la venta de viviendas protegidas de la Comunidad de Madrid a fondos de inversión, salen del confinamiento para volver a hacer visible su protesta. 75 familias han acudido a la sede de Fidere, filial de Blackstone, para entregar una demanda colectiva contra el denominado "fondo buitre" que, desde el verano pasado, está modificando las condiciones de sus alquieres obligando a muchas familias a abandonar las casas. Muchas de ellas se encuentran en seis urbanizaciones de Torrejón de Ardoz, en las calles Juan Gris, Joan Miró, Beatriz Galindo o Francisco Salzillo.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la protesta, asegura que sentarán a Fidere en el banquillo por forzar a las familias a firmar contratos de alquiler con cláusulas abusivas para poder permanecer en los que han sido sus hogares durante años. Sostienen que, además de abusar de los inquilinos, están modificando el mercado "subiendo los alquileres para aumentar beneficios, presionar al alza los precios y conseguir que se revaloricen sus activos". Para ello, esperan a que concluya el contrato de alquiler firmado inicialmente con el Instituto de la Vivienda, y plantean una renovación que duplica los alquileres. "Se pasa de pagar 426 euros por una vivienda a 860 más del IVA, los gastos de comunidad y una serie de seguros" explica Marco Trillo, portavoz de los vecinos afectados en Torrejón de Ardoz.

Aseguran que se trata de una demanda "histórica", la primera de este tipo en España. Se encuentra, actualmente, "en trámite" y "si obtenemos una sentencia sobre cláusulas abusivas quedaría prohibido aplicarlas a partir de entonces". El Sindicato pide, además, al gobierno central que "tome conciencia de la situación y tenga la valentía política de adoptar una batería de medidas que pongan coto a este tipo de prácticas".

Desde Torrejón de Ardoz, Trillo asegura que "Fidere tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando. Es una empresa que se dedica a echar a gente de su casa para ganar dinero. Nos demandan ellos cuando son, realmente, ellos quienes deberían sentarse en el banquillo". El pasado mes de febrero el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, visitaba Torrejón de Ardoz para conocer el conflicto de primera mano. Ya entonces, Alston dijo que “España tiene una trayectoria muy singular de no haber invertido en vivienda social, tiene los niveles más bajos de vivienda social de toda Europa, y eso es parte de una política más amplia de gobiernos sucesivos que no han logrado crear vivienda justa” y convenía que existe “un amplio consenso de que hay que hacer algo drástico" al respecto.

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