La sentencia del Supremo respecto a los Planes de Empleo se afrontará con responsabilidad

Talavera de la Reina

La portavoz municipal, Flora Bellón, ha aseverado que desde el equipo de Gobierno se va a hacer frente a la situación “adoptando decisiones con responsabilidad y buscando el equilibrio” entre lo que es la contención del gasto y poniendo en marcha una serie de medidas que hacen falta, “sobre todo, a los que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica y a los que no queremos ni vamos a dejar atrás”.

En la misma línea, ha expuesto que “queremos revitalizar la actividad económica en la ciudad”, recordando que ya se han puesto en marcha diversas medidas, porque “queremos estar al lado de los que más lo necesitan”. Teniendo en cuenta esta situación económica y financiera, ha subrayado que, “poco a poco y paso a paso, estamos obligados a tomarlas para ir sacando adelante la ciudad”.

Así ha valorado la portavoz el auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que se trasladó el pasado 10 de julio, por el que el Alto Tribunal viene a inadmitir el recurso de casación que se interpuso en su día por parte del Ayuntamiento en contra de la sentencia que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) y que, por tanto, declara firmes las sentencias del TSJ-CLM y del Juzgado de lo Social; por las cuales se condenaba al Ayuntamiento a pagar las diferencias salariales en las retribuciones de los trabajadores de estos Planes de Empleo.

Bellón ha reconocido que este auto es un “mazazo económico” para el Consistorio, que está obligado a cumplir con esa sentencia. Concretamente, ha detallado que las diferencias salariales totales, correspondientes a todos los Planes de Empleo que se han gestionado en los últimos años por parte del Ayuntamiento, se refieren a 2015, 2016, 2017 y 2018. Los planes de estos años, más los pagos de la Seguridad Social, ascienden a un total de alrededor de 14 millones de euros.

Pero, en concreto, este auto se refiere al conflicto colectivo que se interpuso contra las convocatorias de 2015 y 2016, por lo que se baraja una cantidad de unos 7 millones de euros, contando que también hay que pagar por las diferencias en las cotizaciones a la Seguridad Social.