La fiscalía pide que se rechace solicitud de prisión para Ramón Luis Valcárcel

Murcia

La Fiscalía ha pedido que se desestime la medida cautelar de prisión contra el expresidente del gobierno regional Ramón Luis Valcárcel solicitada por el letrado que ejerce la acusación popular en la pieza separada abierta contra aquel por la desalinizadora de Escombreras.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público es concluyente al señalar que no procede adoptar esa medida porque no concurre ninguno de los motivos que servirían para justificar la prisión provisional.

En concreto, señala el fiscal que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ya que toda la documentación proviene de otro procedimiento, el que se tramita en otro juzgado de instrucción contra una quincena de investigados, dentro del cual ya se practicaron entradas y registros y se han realizado diversos informes policiales.

Además, añade, el asunto ya fue objeto de comisiones parlamentarias y de apertura de procedimientos ante el Tribunal de Cuentas, “habiéndose aportado cuanta documentación se estimó pertinente”.

Tampoco existe riesgo de comunicación con testigos o investigados, añade el escrito, “ya que casi todos los relacionados con los hechos objeto de la causa ya han prestado declaración en el juzgado de instrucción número Cinco de Murcia y, algunos más, ante las comisiones de investigación abiertas en la Asamblea Legislativa de la Región de Murcia”.

Afirma así mismo el fiscal que no cabe entender que exista riesgo de fuga, sobre todo, porque Valcárcel ha dejado su cargo de europarlamentario, “con las inmunidades y privilegios diplomáticos que implicaba”, no existiendo tampoco riesgo de reiteración delictiva al no ejercer en la actualidad cargo público alguno.

En cuanto a la posibilidad de que el expresidente del gobierno regional pueda tener un patrimonio oculto, como sostiene la acusación popular, la fiscalía deja constancia de que “se carece de la más mínima prueba e indicio que justifique dicha hipótesis”.

Finalmente, comenta que si todo ello fuera poco para justificar su oposición a la adopción de la medida reclamada por la acusación popular, podría añadirse que en la causa principal, pese a haberse apreciado indicios suficientes de criminalidad en los investigados en la misma, tampoco se aplicó contra ninguno de ellos.

Recientemente, la defensa de Ramón Luis Valcárcel presentó un escrito en el juzgado de instrucción que investiga los hechos en el que se pedía que se exigiera al letrado de la acusación popular la entrega de una fianza de 600.000 euros si quería seguir personado en la causa, al considerar que actúa en la misma con temeridad y mala fe, no con la intención de colaborar con la justicia.