Los grupos del Botànic aprueban el Decreto de Vivienda pese a que el PSPV lo encuentra "mejorable"

Valencia

El pleno de les Corts ha aprobado el Decreto del Consell sobre vivienda que busca evitar que fondos buitre se hagan con viviendas y que estas acaben, como ha ocurrido esta semana con 218 viviendas del Sabadell, en el parque público.

Es un decreto que permite a las administraciones públicas actuar con preferencia en transmisiones de viviendas adquiridas por dación en pago, procesos judiciales de ejecución hipotecaria, procedimientos de venta extrajudicial… Sin embargo, no cuenta con un apoyo pleno dentro del Botànic.

Este mismo miércoles el portavoz parlamentario socialista Manolo Mata insistía en que es una ley mejorable y coincidía con el PP en que debía haberse tramitado como proyecto de ley. Pero ha apoyado la norma porque a pesar de eso considera que es necesaria y es un avance. Enfrente la oposición habla, sin ambages, de chapuza. El Decreto ha salido finalmente adelante con el apoyo de los grupos del Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, frente al rechazo de PP, Cs y Vox.

El diputado popular Alfredo Castelló define el decreto como chapucero en la forma y en el fondo que genera inseguridad jurídica y que puede hacer mucho daño a un sector vital para nuestra economía y lo lastra. Un decreto que además, en contra de lo que presume el Botànic, ni siquiera roza a los fondos buitre.

Es más, insiste Castelló en que debería haberse tramitado como proyecto de ley, para poder enmendarlo, y no como decreto porque no está justificada la urgente necesidad. Y en esto coincide el socialista Manuel Mata quien ha asegurado, en los pasillos, que ha intentado que se tramitara como proyecto para poder mejorar la ley en aspectos como el retracto y como el tanteo. Pero ha votado a favor porque si bien considera la norma mejorable la considera un avance. Es el paso siguiente a la ley de función social de la vivienda, aprobada por el Botànic en 2017 que convierte la vivienda en un derecho.

Pero el vicepresidente y conseller de Vivienda Rubén Martínez Dalmau, que es el impulsor del Decreto, ha insistido: el decreto ley está plenamente justificado, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, por la delicada coyuntura económica. En juego está, ha explicado Dalmau, que muchas familias que viven en alquiler puedan perder su vivienda porque los bancos están desprendiéndose de los enormes paquetes de viviendas con que cuentan desde la crisis de 2008. En muchos casos en favor de fondos buitres que están dejando en la calle a esas familias. También ha asegurado que del derecho de tanteo y retracto quedan excluidas las herencias. Se trataba, ha dicho, de proteger a los valencianos creando un parque público que distensione el mercado de vivienda favoreciendo una moderación de precios y apostando por el alquiler social que impida desahucios.

Desde la oposición, Ciudadanos urge al Botànic a "volver al sentido común tras este decretazo mordaza y sectario", leer bien la Constitución y dejar de "politizar" la vivienda. "Ni es valiente ni va a ser histórico: solo habla de cómo Podemos quiere gestionarlas", ha alertado la diputada 'naranja' Mamen Peris.

Y Vox lo tacha de panfleto comunista con el que cree que la Generalitat quiere "quedarse con el esfuerzo de generaciones" y "usurpar vivienda", por lo que avisa que lo recurrirá y que este recurso tiene "todos los visos de prosperar", según José María Llanos.

Por último, Podem insiste en que el decreto es histórico y no está alejado del escenario post-Covid, además de aludir a las presiones que denunció Dalmau. "¿Dónde están los fondos buitre? Intentando comprar viviendas en Algemesí por 1.500 euros", ha espetado al PP la síndica 'morada', Naiara Davó, cargando contra su gestión al frente del Consell.