El juzgado descarta prevaricación en la licencia de la plaza de toros

Aranda de Duero

El juzgado número dos de Aranda ha decidido archivar provisionalmente las diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía por presunta prevaricación en la concesión de licencia de apertura a la Plaza de Toros. La denuncia se dirigía contra el concejal de Urbanismo y “otras personas –cuya identidad no se concretaba en la denuncia- que hubieran tomado parte en la decisión” adoptada por la Junta de Gobierno Local en septiembre de 2014.

La iniciativa del ministerio público respondía a su vez a la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros. En ella el colectivo ciudadano argumenta que los cuatro ediles que otorgaron la mencionada licencia de apertura durante cometieron un presunto delito de prevaricación al haber ignorado informes municipales que contenían reparos a esta decisión y advertencias de su posible irregularidad. En dicha Junta de Gobierno, además del mencionado concejal de Urbanismo, Alfonso Sanz, participaron también con su voto favorable a la licencia de apertura de la plaza de Toros la alcaldesa de Aranda, entonces y ahora, Raquel González y dos concejalas que ya no forman parte de la actual corporación, Azucena Esteban y María Ángeles Marín, todos ellos del entonces equipo de gobierno del Partido Popular.

La juez entiende que no resulta debidamente justificado el delito denunciado. Argumenta que hay que distinguir entre las “ilegalidades administrativas, aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito”. En este aspecto reconoce que aunque “se trata de supuestos de graves infracciones del derecho aplicable, no puede identificarse simplemente nulidad de pleno derecho y prevaricación” Dice también que “para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal”. Y añade que para poder imputar este delito, es necesario que el denunciado “actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución”.

Contra esta resolución la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha presentado un recurso en el que afirma que el juzgado “no se ha leído debidamente el escrito de denuncia remitido por la Fiscalía o habíéndolo leído ha querido interpretarlo de otra manera para evitar llamar a declarar como investigados a los denunciados”, argumenta.

La alcaldesa de Aranda se congratula de la resolución del juzgado, a la vez que critica el insistente posicionamiento de la Plataforma. “Si no hubiese jueces, para la plataforma pues sería bastante mejor y haría su propia sentencia, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y lo ha estado trasladando a los medios de comunicación, pero, afortunadamente, los juzgados pero son los que tienen la última palabra”, expresa Raquel González.