El Parlament valida el decreto de sanciones sin ningún voto en contra

Palma

El Parlament ha ratificado el decreto de sanciones a los incumplimientos de las medidas para controlar la expansión de la COVID-19, que la consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha resumido como: "Tolerancia cero con quien incumpla y amenace la seguridad de todos".

El decreto de régimen sancionador para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la COVID-19 ha sido validado con 35 votos a favor (de los grupos mixto, MÉS per Mallorca, Cs, Podemos y PSIB) y 20 abstenciones (del PI, Vox y PP).

Esta norma que regula las sanciones cuando se incumplen las normas de seguridad establecidas para contener la propagación de la epidemia de coronavirus clasifica las sanciones en leves, graves y muy graves, y contempla multas de hasta 600.000 euros por las más graves, como es la comercialización de fiestas y eventos no autorizados, en espacios públicos o privados.

Castro ha defendido que las medidas tomadas por el Govern hasta ahora "han sido efectivas y posibilitan que Baleares tenga una buena situación epidemiológica, con 6 casos cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 14,8".

"No toleraremos que la irresponsabilidad y el incivismo de una minoría", ha dicho la consellera, quien ha recalcado que el objetivo del decreto es precisamente fijar un régimen sancionador para los incumplidores, con una norma con la que Baleares "ha abierto el camino" que están siguiendo otras comunidades.

Castro ha destacado que esta norma es flexible y permitirá ir adaptándose porque en la pandemia "la situación es dinámica".

La consellera de Administraciones Públicas y Modernización ha asegurado que en diez días de vigencia del decreto que permite sancionar los incumplimientos de las normas COVID-19 "la respuesta colectiva ha sido ejemplar". En las más de cien inspecciones coordinadas entre Govern, consells y ayuntamientos han dado lugar al inicio de 63 actas de infracción de las normas sanitarias.

Castro ha recalcado que con este decreto, más allá de las sanciones económicas, los infractores se exponen también al cierre inmediato por ese incumplimiento "por un período de hasta 3 años", ya sean establecimientos de ocio o viviendas de alquiler vacacional.

La diputada del PP Núria Riera ha acusado al Govern de limitarse a prohibir y multar en vez de asumir su responsabilidad de hacer cumplir las normas y ha advertido de que todas las sanciones son impugnables y que las multas se recurrirán, por lo que el decreto "no servirá para nada".

Ha pedido al Govern test masivos a la población, que exijan PCR a todo el que entre las islas y que las mascarillas sean gratuitas y las financie el ejecutivo autonómico.

La diputada de Vox Idoia Ribas ha reprochado al Govern que se permita "legislar para sancionar a los ciudadanos después de haber provocado el descontrol absoluto del coronavirus".

"Crean una especie de stassi", ha acusado la diputada, que también ha acusado al Govern de aplicar arbitrariamente la ley al cerrar locales que cumplían la ley por la acumulación de personas en las aceras fuera de los establecimientos. La diputada considera además que la mayoría de las cuestiones que sanciona son de competencia estatal y que el decreto "discrimina por territorio y contribuye a la desigualdad entre españoles".

Por parte del PI, Josep Melià ha asegurado que la norma es "claramente mejorable" porque plantea incongruencias, es desmesurada en algunos conceptos y las sanciones son recurribles.

El diputado ha expresado dudas competenciales en cuanto a algunas de las cuestiones que sanciona y ha criticado que una norma "no ha de ser interpretable" como sucede con ésta.

Por parte de Cs, aunque ha votado a favor, la diputada Patricia Guasp, ha acusado al Govern de "poner más énfasis en el marketing que en la seguridad jurídica" y de dejar las sanciones a la interpretación de los agentes y los ciudadanos.

La diputada socialista Pilar Carbonero ha calificado el decreto de "imprescindible para evitar rebrotes y crear un espacio de recuperación en Baleares".