Ayuso atribuyó al gobierno central una partida de mascarillas defectuosas que había comprado Madrid

Madrid

A finales de abril y primeros de mayo comenzaron a brotar por toda la geografía española lotes de mascarillas defectuosas. También en Madrid. Unidades mal etiquetadas, con certificaciones falsas o simplemente que no llegaban a los niveles de protección que prometían. El primer gran lote fue una partida de la marca Garry Galaxy de protección media -equivalente a FFP2-. Las adquirió el Ministerio de Sanidad y las distribuyó después a varias Comunidades Autónomas. A la falta de material se sumaba a partir de ese momento las sospechas sobre el que empezaba a llegar a los profesionales.

El 29 de abril El Mundo publicó la aparición de otra partida de mascarillas ‘fake’ en Andalucía y Madrid. Según aquella información, se habían localizado en siete hospitales y varias residencias de mayores de la región. En este caso se trataba de material de alta protección -equivalente a FFP3-, de la marca Purvigor, y reservado para los profesionales que se exponían a un mayor riesgo. El periódico citaba una primera versión oficial que atribuía a fuentes del gobierno regional: "Estamos verificando la procedencia, pero no han sido adquiridas por compra centralizada de la Comunidad de Madrid”. Nada más. Ni siquiera se comunicó el número de unidades que tuvo que retirar la Consejería, a pesar de que se preguntó a sus responsables de forma reiterada por el tema. Faltaban solo dos días para el gran acto de cierre del hospital de campaña de IFEMA, el evento planificado por el gobierno Ayuso como escaparate de su gestión, y que acabó con sus protagonistas pidiendo disculpas por no haber observado las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En la víspera de aquel acto, el 30 de abril, Isabel Díaz Ayuso concedió una entrevista a EsRadio. Y el tema volvió a aparecer:

- “Fueron ustedes muy críticos cuando el gobierno -central- compró una gran remesa de mascarillas que resultaron ser ‘fake’ y hubo que devolver, pero a usted le ha pasado lo mismo”, le recriminó uno de los presentadores de la cadena, Luis Herrero.

- “No. Las mascarillas no han sido compradas por la Comunidad de Madrid. Han sido compradas por el Ministerio, creo, de Defensa. No han sido las nuestras”, negó tajante Ayuso.

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No es cierto. Las mascarillas que erróneamente se distribuyeron como de máxima protección, bajo la marca Purvigor, fueron “adquiridas directamente por el SERMAS”, como reconoce ahora la Consejería de Sanidad a raíz de una petición de información realizada por la SER en aquellos días a través del Portal de Transparencia. El departamento que dirige el popular Enrique Ruiz Escudero dice que “averiguó el origen del fallo -por el que pide disculpas- a posteriori”, pero no explica por qué no aclaró entonces el malentendido.

La partida de la discordia forma parte de un contrato de suministro de material más amplio, tramitado por la vía de emergencia, y por valor de 3,4 millones de euros, que la Consejería firmó el 25 de marzo con la empresa distribuidora Helianthus Medical. Según la información que obra en poder de la SER, esa compañía ha emitido ya a la Comunidad de Madrid al menos 91 facturas por un valor conjunto que supera el millón de euros por suministros relacionados con el COVID-19. “Una vez verificado que la documentación que el fabricante había proporcionado a la empresa suministradora era incorrecta y en algún caso falsificada, la empresa Helianthus nos traslada su disposición para retirar las mascarillas entregadas consideradas NO VALIDAS -en mayúsculas en el documento original-, por otras mascarillas que cumplían con la normativa vigente”, explica la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y Farmacia. La distribuidora procedió a realizar ese cambio el 11 de mayo, según explican las dos partes del contrato.

Las cifras las aporta Helianthus Medical. “Tuvimos que retirar algo más de 5.000 mascarillas”, asegura su director comercial, Francisco Ruiz. Este directivo recuerda que las unidades defectuosas se distribuyeron a la red hospitalaria, centros de salud y residencias desde el almacén centralizado que la Comunidad de Madrid estableció en IFEMA. “El empaquetado estaba correcto, pero el problema era que el propio producto no cumplía”, según explica. Ruiz reconoce que en esos días de escasez creciente de material de protección “había que meter como fuera lo que llegara”. Lo que más le pesa -lamenta- es el riesgo al que quedaron expuestos los profesionales: “Llevo 35 años en el mercado y no me lo explico. Me sigo preguntando cómo he sido capaz de meter un producto que no cumplía. Eso a mí me crea ansiedad”. Este episodio ha hecho a la compañía replantearse su estrategia de negocio y va comenzar a fabricar directamente material. Está ultimando dos fábricas en Boadilla del Monte y Alicante para dejar de depender de China, un “mercado persa”, en palabras de la presidenta Ayuso.