Objetivo: dotar de personalidad jurídica al Mar Menor

Murcia

El Ayuntamiento de Los Alcázares se ha convertido en el primer municipio en llevar a pleno esta inicitavia legislativa popular de lo más novedosa en nuestro país, y que puede convertirse en la protección que necesita la laguna litoral para su supervivencia: dotarla de personalidad jurídica. Una iniciativa que ya se ha llevado con éxito en otras partes del mundo como Nueva Zelanda o Colombia, tal y como ha recordado el abogado ambientalista, Eduardo Salazar, en el programa Hoy por hoy.

¿DE DÓNDE PARTE LA INICIATIVA?

Teresa Vicente Giménez, profesora de Filosofía del Derecho, ha sido la encargada de poner sobre la mesa la idea.

Vicente Giménez es abogada y dirige el grupo de trabajo de Medio Ambiente de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia. Fue la encargada de plantear la utilización de la Ley 9/1984 de la Región de Murcia, que permite que uno o varios municipios cuya población conjunta represente como mínimo un censo de 10.000 habitantes puedan presentar una proposición de ley ante la Asamblea. Tal y como ha ocurrido en el municipio de Los Alcázares con la aprobación en pleno, por mayoría absoluta, de solicitar dicha dotación para el Mar Menor. Primer paso, conseguido.

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

Según ha explicado en Hoy por hoy el abogado ambientalista y miembro del Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de la UMU, Eduardo Salazar. Se trata de darle derechos propios al Mar Menor como si de una persona o una empresa se tratase. "Algo parecido a la declaración de los derechos del niño y la niña, aprobada en 1.959, o como sucedió con los derechos de la mujer. Si se reconociese personalidad jurídica a la laguna, un representante podría ir directamente a un juzgado a reclamar sus derechos, sin tener que depender de las administraciones o de los vaivenes de la política. Llegados a este punto y dada la situación que presenta la laguna litoral es la mejor solución si queremos salvarla", ha dicho Salazar en la antena de la SER.

¿EXISTEN PRECECENTES?

Según publicaba el diario El País el pasado 3 de junio, y hoy ha recordado en Hoy por hoy Eduardo Salazar. Uno de los casos más conocidos es el del río Atrato, en Colombia. En una sentencia de 2016, la Corte Constitucional de este país resolvió “reconocer al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. El fallo del tribunal se produjo a raíz de una demanda interpuesta por varias comunidades étnicas en El Chocó, uno de los territorios con mayor diversidad natural y humana de Colombia, por el grave impacto de extracciones mineras y explotaciones forestales en la cuenca.

Dos años después, en 2018, la Corte Suprema de este mismo país se basó en la sentencia del río Atrato para reconocer también a la Amazonia colombiana como entidad “sujeto de derechos”, ante el alarmante incremento de la deforestación en la región.

En estos dos casos se utilizó la vía jurisdiccional, sin embargo, existen otros precedentes en los que se siguieron caminos distintos. En Nueva Zelanda se reconoció la personalidad jurídica del río Whanganui en 2017 a través de la Ley Te Awa Tupua aprobada en el Parlamento del país. Este texto legislativo dio la razón a los maoríes, los indígenas de Nueva Zelanda, en una reivindicación que duraba 160 años, desde que la corona británica se hizo con la soberanía de las islas.

SIGUIENTE PASO...

Elevar dicha solicitud acordada en sesión plenaria extraordinaria el pasado 23 de julio, en el municipio de Los Alcázares, a la Asamblea Regional o en su caso al Congreso de los Diputados.