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Un colectivo antitaurino pide a Fiscalía que investigue la protesta contra Yolanda Díaz por delito de odio

La plataforma 'Galicia Mellor sen Touradas' considera que el escrache se produjo por motivos diferentes a los laborales

Agentes de la Policía Nacional vigilan a las casi 20 personas del sector taurino que han protagonizado una protesta a las puertas del Ayuntamiento de Toledo a la llegada de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz / Mario Triviño (Europa Press)

Agentes de la Policía Nacional vigilan a las casi 20 personas del sector taurino que han protagonizado una protesta a las puertas del Ayuntamiento de Toledo a la llegada de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Toledo

El colectivo 'Galicia, Mellor Sen Touradas' ha solicitado a Fiscalía que investigue la protesta de un grupo de taurinos contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado viernes en Toledo por un posible delito de odio.

En un comunicado emitido este lunes, este colectivo señala que "es difícilmente entendible el derecho de reunión de las personas trabajadores y la protesta social con las vejaciones vertidas" contra la ministra, que recibió insultos como "roja de mierda" o "cerda" a su salida de un acto en la ciudad toledana.

Recuerdan que existe un vídeo en el que "se puede comprobar" que el coche oficial en el que viajaba Díaz fue golpeado y registró daños materiales, al tiempo que afirman que la convocatoria de los trabajadores del mundo del toro "ni tan siquiera habría sido comunicada" a las autoridades y en ella se produjeron "graves insultos" y proclamas como "vamos a morir matando".

Así las cosas, 'Galicia, Mellor Sen Touradas' considera que en la protesta hubo "una clara intencionalidad" por acosar a la ministra "con herramientas nada pacíficas", lo que "demuestra un escaso respeto por el el sistema democrático y el cumplimiento de la normativa".

Además, el colectivo antitaurino afirma que "el acoso estuvo espoleado" por el sindicato Unión de Picadores y Banderilleros, por lo que pide al Ministerio Público que investigue su "posible suspensión"por "asociación ilícita", ya que entienden que "pudo haber incurrido en el fomento de acciones ilegales, como el ataque a la representante del gobierno central".

 
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