Landaluce tacha de "atraco a mano armada" el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno

Algeciras

La Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado finalmente, tras semanas de negociaciones, el documento impulsado por el Ministerio de Hacienda que permitirá a los ayuntamientos utilizar sus remanentes positivos de tesorería. Pero eso sí, a corto plazo y poniendo dichas cantidades a total disposición del Gobierno para hacer frente a la difícil situación económica que sufre el país a consecuencia de la actual crisis. Una fórmula que ya ha generado una importante ola de reacciones políticas.

Así las cosas, el texto aprobado ofrece a los ayuntamientos que pongan sus remanentes a disposición del Gobierno a cambio de una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido en los dos próximos años (2.000 millones de euros este año y 3.000 millones el que viene). El Gobierno también se compromete a la devolución del cien por cien de lo entregado en diez años, a partir de 2022.

Las críticas han llegado desde el Partido Popular. De hecho, uno de los más indignados ha sido el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha calificado esta maniobra del Gobierno como un "atraco a mano armada".

El alcalde de Algeciras ha recordado que el Ayuntamiento de la ciudad “tiene más de 30 millones de euros de remanente positivo de tesorería” frente a los 105 en negativo que dicha administración local arrastraba hasta su llegada en 2011. “Treinta millones de euros que ahora se quiere quedar un Gobierno”, lamenta Landaluce acusa de "chantajista" al poner en riesgo proyectos con fondos europeos si no forma parte de este acuerdo: “Precisamente ahora que vienen a la ciudad con proyectos de fondos europeos podemos quedarnos fuera de esas posibilidades de futuro si no entramos en este acuerdo. Es una barbaridad”, añadió el alcalde de Algeciras.

El acuerdo entiende que los ayuntamientos podrán usar este dinero, una vez vuelva a las arcas municipales, en actuaciones que se desarrollen en el ámbito de la agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura al objeto de que las entidades locales tengan un papel destacado en la reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.

El Gobierno también se compromete a no exigir a los ayuntamientos el cumplimiento de la regla de gasto en 2020 y el compromiso de estudiar su ampliación para 2021.