Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

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34.000 funcionarios de Balears se quedan si la subida salarial del 2 por ciento

El Govern reduce un complemento autonómico para neutralizar la subida que deben aplicar por real decreto

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / EP

No habrá subida salarial a los empleados públicos, un aumento del 2 por ciento que aprobaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de la llegada de la pandemia de coronavirus y sus efectos económicos. El Govern, en boca de las conselleras de Hacienda y de Administraciones públicas se lo anunciaban este jueves a los sindicatos en la Mesa de Negociación de Empleados públicos.

La forma de no subir ese 2 por ciento y por tanto congelar los salarios a los funcionarios, se hará mediante la reducción de un complemento autonómico para neutralizar la subida que deben aplicar por real decreto.

Los sindicatos denuncian el fondo y las formas y tratarán de revertir la situación acudiendo a los servicios jurídicos y es que, denuncia el portavoz del sindicato STEI, Miquel Gelabert el nulo talante negociador del Govern que llegó con la decisión tomada y que este viernes se ha aprobado en Consell de Govern. 

Señala Miquel Gelabert que hubieran aceptado un aplazamiento pero no una congelación y es que asegura que en Baleares hay un mal endémico que es la infrafinanciación pero no debe pagarla dice la clase trabajadora. Esta subida salarial del 2 por ciento ya se estaba aplicando en el resto de comunidades y aquí no se llegará a aplicar.

Esta congelación de los salarios de los funcionarios públicos llega cuando el PIB en las islas ha bajado más de un 30 por ciento y con unos 115.000 trabajadores en ERTE.

Una congelación de sueldos que afectará a 34.000 trabajadores de los servicios generales y altos cargos. Quedarán afectados trabajadores de la sanidad y educación entre otros, pero a su vez dejar sin efecto el aumento del 2 por ciento supone un ahorro de 39 millones de euros que se destinarán al aumento de la plantilla.

Desde el Govern remarcan que la prioridad es mantener los derechos de los empleados públicos pero también seguir contratando profesionales en servicios esenciales como salud o educación.

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