Viernes, 18 de Septiembre de 2020

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HOY POR HOY DESDE TORREMOLINOS HOY POR HOY DESDE TORREMOLINOS La SER recorre España: 'Hoy por Hoy' con Àngels Barceló desde Torremolinos (Málaga)

El Defensor del Pueblo lamenta que tras 30 años se mantengan carencias en la acogida humanitaria

Responde así a un escrito del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas sobre la situación de los ciudadanos extranjeros que llegan a Canarias

Atención en el puerto de Arrecife de Lanzarote

Atención en el puerto de Arrecife de Lanzarote / Javier Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Canarias para conocer las medidas adoptadas para la acogida de los extranjeros llegados a las islas en los últimos meses, y también se ha dirigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para conocer las medidas de seguimiento y control de eventuales contagios y los lugares asignados para las cuarentenas.

Es la respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso la SER, a la queja del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y otras similares que se han producido a la vista de lo ocurrido desde que se inició el estado de alarma y el protocolo de cuarentena y pruebas PCR a su llegada.

 En el escrito se reconoce que "el sistema de acogida, ya de por sí, carece de plazas suficientes para atender en las debidas condiciones a todas las personas que llegan a nuestro país", una situación agravada por las medidas adoptadas por el COVID 19.

  Afirma que se ha avanzado en la construcción de infraestructuras más dignas para la primera acogida de las personas que llegan en patera, pero tras más e 30 años de llegadas a las costas españolas debería encontrarse la manera de conjugar el control de fronteras y la acogida humanitaria cumpliento con las obligaciones internacionales.. Así se evitaría lo que define como "carrera contra el tiempo" en la que se acaba convirtiendo cada llegada.

 El Defensor del Pueblo reclama una reunión de coordinación entre el Estado, ayuntamientos y comunidades autónomas y entregar un documento a los extranjeros en situación irregular cuya expulsión no puede ser ejecutada para acreditar su situación.

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