El subdelegado del Gobierno en Albacete también declara por el brote de coronavirus entre los temporeros
La fiscalía continúa la investigación tras las declaraciones del alcalde y la delegada provincial de Sanidad el pasado lunes
Imagen de archivo / Cadena SER
Albacete
La Fiscalía investiga la gestión del brote de coronavirus entre los temporeros de Albacete. Se han abierto diligencias de investigación y, tras las declaraciones del alcalde de Albacete Vicente Casañ y la delegada provincial de Sanidad Blanca Hernández el pasado lunes, esta mañana ha sido el turno del subdelegado del gobierno Miguel Juan Espinosa.
Sobre este asunto, el PP en el ayuntamiento de Albacete ha pedido al equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos que informen con transparencia a los grupos municipales del ayuntamiento de la gestión de este brote de coronavirus.
Cómo se han sucedido los hechos
El 24 de julio, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Albacete-2 ratificó la resolución de la delegación provincial de Sanidad, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se acordaba el confinamiento de un número superior a los dos centenares de temporeros para prevenir un posible contagio de Covid-19, pues se habían detectado casos positivos entre esas personas.
El auto judicial incorporó un requerimiento “a las administraciones competentes (local, autonómica y estatal)”, para que dieran cumplimiento y/o garantizaran una serie de medidas para controlar la infección, entre las que se encuentra la “sectorización”, o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas. Estas medidas habían sido recomendadas por la autoridad sanitaria.
En resolución de 29 de julio, la delegación provincial de Sanidad acuerda la prolongación del confinamiento, pues La falta de sectorización, ha provocado que todos los temporeros confinados sean contactos estrechos de dos casos positivos de Covid-19 detectados en esos días.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo, en auto de 4 de agosto, ratificó la prolongación del confinamiento, reprodujo las medidas preventivas y requirió a las administraciones para su cumplimiento, con apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia.
El Ministerio Fiscal incoó el 5 de agosto diligencias de investigación para esclarecer si, del incumplimiento de las medidas incorporadas al auto de 24 de julio, se deriva responsabilidad por desobediencia.
Una vez valoradas las diligencias practicadas o que se decidan practicar, se resolverá el procedimiento, acordando su archivo, si se entiende que no se ha incurrido en responsabilidad penal o, en caso contrario, la formulación de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra las personas responsables.
