Nuevo carpetazo al caso Proincove

Aranda de Duero

El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda vuelve a dar carpetazo al caso Proincove, reabierto este verano a instancias de la Audiencia Provincial para determinar si se cometieron delitos como el uso de información privilegiada, tráfico de influencias o prevaricación, para que el Ayuntamiento de Aranda tuviera que desembolsar más de siete millones de euros por los terrenos ocupados en la ribera del río Arandilla que a la constructora le habían costado 30.000 euros. Después de que a mediados de julio tomara declaración a Luis Briones y Mar Chamorro, a instancias de Podemos, la juez determina el sobreseimiento provisional de la causa y el archivo de las actuaciones.

En su auto, la titular del juzgado argumenta que las declaraciones como investigados del que fuera alcalde de Aranda y de quien en su mandato ejerciera de concejala de Promoción y Desarrollo “no vinieron sino a confirmar la inexistencia de indicios suficientes para continuar la instrucción”, Detalla que ambos explicaron cómo en la época en que tuvieron lugar los hechos desarrollaban sus funciones, ella en una empresa de Mariano Velasco, propietario de los terrenos objeto del pleito, y a la vez en el terreno político, y él como letrado y en la vida política municipal de Aranda de Duero, “sin que por ello, se pueda concluir que existan indicios suficientes” de que ellos o el empresario investigado cometieran los delitos por los que se iniciaron estas últimas actuaciones.

La magistrada se remite a sus propias consideraciones expresadas en noviembre del año pasado al declarar como archivado por primera vez el expediente, “tras la finalización de las obras que dieron lugar a este conflicto, “más allá de lo que es notorio en una localidad como Aranda de Duero, como pueden ser las relaciones personales o profesionales entre personas con proyección pública, no consta acreditado que sus relaciones hayan influido en la forma de tramitar el expediente”. Dice también que a pesar de la acusación particular pueda apreciar ciertas irregularidades en la tramitación del expediente administrativo, la tardanza en resolver, o en la valoración de los terrenos expropiados al empresario investigado, o la tardanza por parte del mismo en poner en conocimiento la ocupación ilegal de los terrenos, no ha resultado, tampoco con las declaraciones de los últimos investigados, debidamente acreditada la existencia de indicios suficientes para imputar los delitos denunciados a instancia del Ministerio Fiscal.

Ante este auto las partes podrán interponer ante este mismo juzgado recurso de reforma y subsidiario de apelación, o directamente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos, en el plazo de cinco días.

De momento, el abogado del empresario investigado se acogerá a ello para pedir el archivo libre y definitivo al no estar conforme con la provisionalidad de esta medida por entender que de la prueba practicada no se desprende que se haya cometido delito alguno por ninguna de los investigados: ni de prevaricación, ni de tráfico de influencias ni de información privilegiada.