Política
Gobierno municipal

El Ayuntamiento de Zamora, obligado a limitar de nuevo las funciones del Interventor

El funcionario habría colapsado varios servicios pidiendo información sobre el Presupuesto

Ayuntamiento de Zamora / Google Street View

Zamora

En el Ayuntamiento de Zamora convocatoria extraordinaria y urgente este próximo lunes (y pleno extraordinario dentro de una semana, el viernes que viene), para volver a limitar la capacidad fiscalizadora del Interventor, que se ha reincorporado al trabajo tras meses de ausencia, (y varios procesos judiciales contra el Ayuntamiento y el equipo de gobierno), y que a su regreso ha provocado un “colapso” en varios servicios municipales por una avalancha de peticiones de información y datos sobre el Presupuesto en vigor.

El asunto ha motivado que este miércoles el alcalde Francisco Guarido convocara de urgencia una Junta de Portavoces extraordinaria para comunicar la situación.

El documento del Presupuesto de este año confiere al Interventor la facultad de fiscalizar “totalmente” las cuentas. Y eso se debe al parecer a un error de transcripción puesto que el equipo de gobierno y el funcionario ya habían alcanzado en 2018 un acuerdo para limitar las funciones del técnico. Un acuerdo en virtud del cual su capacidad fiscalizadora del presupuesto no era “total”, sino “parcial”.

Agarrándose a ese error que le confiere plenas facultades para fiscalizar el presupuesto en vigor, el Interventor habría formulado una batería de requerimientos y peticiones de información dirigidas a todos los servicios municipales, hasta situarlos al borde del colapso.

Así lo habría comunicado el alcalde, (visiblemente apesadumbrado), el miércoles a los portavoces, junto a su pretensión de convocar el pleno extraordinario para aprobar una modificación del régimen fiscalizador del presupuesto de este año para subsanar el error.

Todo ello en un contexto de conflictividad creciente que afecta a funcionarios de alto rango en el Ayuntamiento de Zamora: el jefe de parques y jardines, inmerso en un presunto caso de malversación que investiga el juzgado, o el Jefe del servicio de medio ambiente, reclamando contra la provisión de la plaza de nuevo gerente de urbanismo.

 
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