Solo el 20 % de centros de salud de la provincia de Alicante cuenta con vigilante de seguridad, según el CESM

Alicante

Solo un 20 % de los centros de salud de la provincia de Alicante cuenta con vigilante de seguridad y no todos durante todo su horario de apertura, sino en las horas puntas. Es la denuncia del Sindicato Médico CESM en Alicante, que exige el refuerzo de la seguridad en los centros de atención primaria ante el aumento de agresiones verbales e incluso físicas que están padeciendo los profesionales sanitarios.

Desde el sindicato explican que el cambio en la forma de trabajo a la que ha obligado la COVID-19 está motivando un repunte de las agresiones y que cada vez están recibiendo más quejas y denuncias por parte de médicos de familia y pediatras.

Medidas de seguridad como la entrada escalonada a los centros, la valoración de la demanda previa a la consulta o la necesidad de dedicar más tiempo para atender a los pacientes están provocando malestar e incomprensión entre algunos usuarios, que derivan en agresiones verbales y en ocasiones, en conatos de violencia física.

Las víctimas son, en mayor medida, mujeres, admite desde el sindicato su portavoz en Alicante, Víctor Pedrera, que denuncia además que este repunte de las agresiones se suma a una situación que ya era "nefasta" en la provincia de Alicante.

"Solo en un 20 % de los centros de salud cuentan con vigilante de seguridad en algún momento", pero no siempre. Asegura que el sindicato elevó en mayo una queja a la gerencia del Hospital General de Alicante, sin obtener todavía respuesta, y recuerda que el Plan Integral de Prevención contra las Agresiones en el Personal Sanitario que aprobó la Conselleria tenía contemplado el refuerzo de la vigilancia en los puntos considerados de mayor conflictividad. Sin embargo, no se ha cumplido, denuncia.

Por ello, exigen que se dote a todos los centros de vigilante de seguridad durante todo el tiempo que estén abiertos, especialmente de cara a los meses de septiembre y octubre, cuando prevén un aumento de las agresiones por el repunte de la demanda asistencial por patologías respiratorias, que se va a juntar con la COVID-19.

"Vamos a necesitar más tiempo de actuación con servicios saturados y personal que no se ha reforzado, por lo que los retrasos van a ser inevitables y eso va a derivar en más conflictividad y agresiones", advierte Pedrera.