ASEMAR recurre el confinamiento de Aranda por restringir derechos constitucionales sin cobertura legal

Aranda de Duero

La asociación de empresarios de Aranda y la comarca (ASEMAR) no está dispuesta a dejar pasar sin más consecuencias el gravoso confinamiento decretado por la Junta entre los días 7 y 21 de agosto exclusivamente para Aranda por lo que hoy mismo presentarán un recurso contra la orden de la Consejería de Sanidad que impuso este aislamiento. Consideran que este departamento se extralimitó en sus funciones al restringir o suspender derechos fundamentales recogidos en la Constitución sin el amparo legal necesario para hacerlo y sin tener competencias en la materia. Añaden que la medida fue desproporcionada y provocó nefastas consecuencias económicas y sociales sin que la Junta acordara paralelamente medidas para mitigarlas.

Así se argumenta en el recurso de reposición previo a la presentación de un contencioso administrativo ante los tribunales en el que piden que se declaren nulos los artículos de la orden que imponían el confinamiento de Aranda. Con esta medida la asociación empresarial expresa su objetivo de proteger los derechos fundamentales de la persona, pero también, ejercer a capacidad que otorga a estos colectivos la Constitución de defender los intereses económicos y sociales que le son propios. La nulidad de estos artículos podría abrir la puerta a futuras reclamaciones económicas para compensar los daños y perjuicios provocados por el confinamiento de la villa.

El descontento del empresariado arandino con el trato proporcionado por la Junta a Aranda ha crecido en las últimas horas, tras escuchar al presidente Fernández Mañueco que no habrá más confinamientos en Castilla y León y que el empeño de la administración regional se centrará en vigilar el cumplimiento estricto de las cuarentenas. Y es que esta estrategia es, precisamente, la que recomendó sin demasiado éxito el juez en el auto en el que solo autorizaba el aislamiento de Aranda durante una semana. El magistrado sugería que el confinamiento de 33.000 habitantes era un esfuerzo enorme, por lo que recomendaba a la Junta que en su lugar, detectara los contagios individuales y su aislamiento fuera efectivo. Los empresarios ribereños consideran que la Junta utilizó Aranda como laboratorio de pruebas que no han dado resultado, por lo que ahora cambia de estrategia. Recuerdan también que fueron ellos quienes sugirieron buena parte de las medidas de apoyo que hoy aprobará el Consejo de gobierno al tejido económico y productivo afectado por las medidas de contención de la pandemia. Sin embargo, después de veinte días y pese a la promesa de reuniré en una semana, todavía no han vuelto a ser convocados para analizar este asunto como les prometió el Consejero de Fomento, único miembro del ejecutivo regional con el que pudieron reunirse al encontrarse el resto de vacaciones.

Los argumentos del recurso

Volviendo al recurso presentado por ASEMAR contra la orden que decretó el confinamiento de Aranda en el documento se indica que no es válida la normativa invocada por la Junta para tomar esta medida, que al afectar a derechos constitucionales tendría que tener rango de ley orgánica, como es el caso de la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986. Sin embargo las referencias de esta norma a las medidas que pueden adoptar los poderes públicos son tan genéricas (“tomar las medidas que se consideren necesarias” “cualquier otra medida”) que deberían haber sido acotadas para no ser desproporcionadas y ajustarse a la legalidad, como también indica la propia ley. Y según el empresariado arandino en el confinamiento de Aranda no se han cumplido ninguno de los dos requisitos: ni proporcionadas ni legales. No han sido proporcionales porque no se acompañaron de ninguna iniciativa paralela para mitigar “las nefastas consecuencias económicas y sociales” que provocó, en contraste con lo que sí hizo el Gobierno de la Nación cuando decretó el estado de alarma, que acompañó de facilidades fiscales, flexibilidad en materia laboral o ayudas para reforzar la financiación. Y se cuestiona la legalidad de la orden de confinamiento dictada por la Consejería de Sanidad porque consideran “adoptó medidas propias del estado de alarma pero sin estado de alarma”, cuando no hay normativa que ampare “la adopción, sin ningún tipo de límite ni control adicional, cualquier clase de medida que suponga sobrepasar las garantías constitucionales”. Menos aún cuando sólo el Gobierno de la Nación tiene capacidad para decretar o delegar la imposición del estado de alarma, competencia que no tiene la Consejería de Sanidad.