Inspección vigilará que los centros privados asturianos no adelanten materia antes del período lectivo

Gijón

El Principado ha lanzado esta tarde una advertencia a los centro educativos privados de la región para recordar que "pueden abrir sus instalaciones desde el 1 de septiembre pero no están autorizados a impartir clases al alumnado". De hecho, el Ejecutivo ha dado orden de vigilar que se cumpla norma. "El Servicio de Inspección Educativa vigilará el cumplimiento de la normativa y así se lo ha trasladado por escrito a las direcciones de estos centros", han señalado en un comunicado

"El calendario escolar, cuya modificación se encuentra ahora mismo en fase de tramitación, es de obligado cumplimiento para todos los centros educativos del Principado, ya sean públicos, concertados o privados. Las clases comenzarán y finalizarán al mismo tiempo en todos ellos", recuerdan.

Todo el mismo día que han anunciado que se modificará el calendario escolar debido a la pandemia. Se retrasará su finalización de tal forma que se cumplirán con las 175 jornadas lectivas anuales. Las clases en Infantil y Primaria concluirán el 24 de junio, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional lo harán el 30. El resto de las jornadas lectivas aplazadas se recuperarán los días 30 de octubre, 23 de diciembre, 8 de enero, 15 de febrero y 5 de abril. Además la Consejería de Educación ha decidido unificar el inicio de las clases de Secundaria, Bachillerato y FP el 28 de septiembre.

Vigilancia judicial

Ante el próximo inicio del curso, algunas familias ya han mostrado su posición favorable a no llevar a sus hijos a clase porque entienden que no se cumplen las condiciones de seguridad necesarias en mitad de la crisis sanitaria. La fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, ha asegurado que se estudiará "caso a caso" aunque si no hay razones se actuará.

La Fiscalía en ese supuesto incoaría diligencias de tipo civil, ha manifestado la fiscal, que ha puntualizado que también se podría recurrir a la aplicación del artículo 226 del Código Penal que lleva aparejada una multa, pero también se podría motivadamente solicitar la inhabilitación para el ejercicio del derecho a la patria potestad.