El exalcalde de Navacarnero Baltasar Santos se sienta en el banquillo acusado de prevaricar
Será juzgado desde este miércoles por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación en la adjudicación de las obras de un polideportivo
Baltasar Santos, exalcalde de Navalcarnero / Ayuntamiento de Navalcarnero
Móstoles
El exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos González (PP), será juzgado este miércoles en la Audiencia de Madrid por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación en la adjudicación de las obras de un polideportivo, hechos por los que se enfrenta a una inhabilitación especial de nueve años para ejercer como cargo público.
En el juicio también serán juzgados el técnico municipal y la interventora, Juan Antonio Martín Rodríguez y Teresa de Jesús Hermida Martín, respectivamente, así como el arquitecto Martín de la Fuente González. Se pide la misma pena para ellos.
La Fiscalía de Madrid reclama también a los cuatro acusados en concepto de responsabilidad civil una indemnización de 10.590.020 euros al consistorio madrileño.
En su escrito, el fiscal relata que el 18 de julio de 2002 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Navalcarnero aprobó un pliego de condiciones administrativas y técnicas en el concurso para adjudicar un contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto técnico de instalaciones deportivas en el Barrio de la Estación.
En fecha 3 de octubre de 2002, de conformidad con la propuesta de la mesa de contratación, se adjudicó el concurso a la empresa Oriol Arquitectura S.L. y el proyecto de Ejecución fue finalmente aprobado el 16 de diciembre de 2005.
Días más tarde el Ayuntamiento aprobó el expediente y pliego de condiciones técnicas, jurídicas y económico-administrativas que debían regir en la contratación de la concesión de obra pública para la construcción de un Polideportivo en el Barrio de la Estación y su posterior gestión, estableciéndose como precio de las obras 16.485.859,96 euros, IVA incluido.
Con posterioridad, la Mesa de Contratación acordó adjudicar el concurso a la oferta presentada por la entidad Constructora Hispánica S.A. por un precio de 14.837.273 euros, IVA incluido, "produciéndose la adjudicación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 12 de mayo de 2006 y la firma del contrato en fecha 25 de mayo de 2006".
En dicho contrato la constructora se comprometía a la ejecución de la obra "conforme al proyecto técnico aprobado" (cláusula primera), asumiendo el Ayuntamiento el pago del 80 % del valor de la obra, esto es, 11.869.818,40 euros.
Del mismo modo, se establecía que cualquier modificación que pudiera surgir durante la vigencia del contrato e implicase un incremento del coste "se realizaría por cuenta y cargo del Ayuntamiento, previa aprobación del correspondiente expediente y Proyecto Modificado y tras los trámites oportunos (cláusula segunda)".
Una vez adjudicada la concesión, la dirección facultativa de obra fue asignada a Martín de la Fuente González en su condición de arquitecto y socio de Oriol Arquitectura S.L..
Por parte del Ayuntamiento, la supervisión de la obra recayó sobre el técnico municipal Juan Antonio Martín Rodríguez, ya a la interventora del consistorio Teresa de Jesús Hermida Martín, efectuar el control económico y presupuestario de la misma.
Tanto Martín de la Fuente González como Juan Antonio Martín Rodríguez eran los encargados de certificar periódicamente que la obra se estaba ejecutando conforme a lo estipulado en el proyecto, mientras que Teresa Jesús Hermida debía dar el visto bueno de la Intervención Municipal a dichas certificaciones a fin de proceder a su aprobación definitiva y posterior pago a la empresa constructora.
La obra, según la Fiscalía, "nunca se ajustó al proyecto inicialmente redactado" ya que desde un principio "se introdujeron modificaciones que afectaban a la obra en su conjunto, suponiendo un cambio sustancial respecto de la idea original así como respecto del coste final, que se habría visto incrementado en cerca de un 30,88 %, sin que, a pesar de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato, se tramitase en el momento de introducirse los mismos expediente alguno para aprobar la modificación prevista".
El representante del Ministerio Público apunta a que todos los acusados," en sus respectivos ámbitos de responsabilidad", eran conscientes de que se estaba ejecutando una obra distinta de la inicialmente aprobada, por cuanto las diferencias entre el proyecto y lo ejecutado eran "fácilmente detectables", incluso sin tener conocimientos técnicos ni visitar la obra, "bastando con comparar los importes certificados y el presupuesto aprobado".
Como consecuencia de esta actuación "irregular", el Ayuntamiento desembolsó 10.590.020 euros por un polideportivo cuyas obras no han sido concluidas ya que "la obra fue abandonada por el contratista después de la aprobación del Proyecto Modificado nº 1, habiendo sido sometida a numerosos actos de vandalismo y saqueo por su estado actual".
