La democracia no ha podido quitarse el lastre de la dictadura

Albacete

La llamada memoria histórica vuelve a la primera línea de atención entre los españoles. Cuando todavía no se han cerrado los debates que dejó la ley de 2007 volvemos a encontrar en los medios de comunicación el enésimo asalto político para gestionar el pasado traumático que dejó la guerra civil y la dictadura franquista. No es un capricho de las fuerzas gobernantes. Se trata de dar satisfacción a un fenómeno que, desde hace veinte años, constituye un movimiento social que cuenta cada vez con más fuerza.

España no es diferente a todos aquellos países que han tenido episodios trágicos en su historia actual. Nos hace singulares haber sufrido una guerra civil en el siglo XX y haber vivido una dictadura de cuarenta años que dio paso a una democracia sin que la primera hubiera sido derrotada. Nuestra transición, diferente a las que se han vivido recientemente en América Latina o los llamados países del Este, se cimentó en un echar al olvido las consecuencias de la violencia franquista en aras de una reconciliación que no fue equidistante. El olvido, voluntario o forzado por la inconsistencia de un antifranquismo que no dirigió los primeros pasos del proceso iniciado con la muerte del dictador, está en la base de una ley de amnistía que exoneró de responsabilidades a los perpetradores de delitos que permanecen en la impunidad y el desconocimiento general. Hasta la llegada del s. XXI la oposición democrática no ha solicitado que se investigaran las violaciones de los derechos humanos cometidos en aquellos años.

Durante todo este tiempo, diversos organismos mundiales han exhortado a los gobiernos españoles a aplicar medidas coherentes con la justicia internacional. En 2006 la Asamblea del Consejo de Europa emitió un informe denunciando las "múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España entre 1938 y 1975"; en 2014 el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, elaboró un informe denunciando la ausencia de una política de Estado en materia de justicia transicional. En 2016 el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendaba, una vez más, a España que «derogue la Ley de Amnistía de 1977".

"No tocar la memoria del franquismo" ha impedido digerir desde una perspectiva democrática este periodo de la historia que consideramos como hito fundacional del presente. Por ejemplo, el gobierno central se inhibió y dejó en manos de los ayuntamientos en abril de 1979 la sustitución o gestión de los símbolos franquistas. Es sólo una demostración, como se ha visto recientemente con la exhumación de Franco, de que la democracia no ha podido quitarse el lastre de la dictadura que ha llegado a infectar otras asignaturas pendientes como es la cuestión nacional.