El hermano de Castedo y su socio en abogados Salvetti niegan haber montado "un chiringuito" ligado al PGOU

Alicante

Tercera sesión en la Audiencia Provincial del juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante entre los años 2008 y 2010, con la declaración de los abogados del bufete Salvetti -José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa acusada, y su socio Javier Gutiérrez-, que en la línea de Sonia Castedo y del exalcalde Díaz Alperi han rechazado referirse a los pinchazos telefónicos ante el tribunal.

Gutiérrez, el primero en declarar, ha negado directamente la mayor. Desmiente que su despacho estuviera ligado o fuera creado al amparo de los trabajos del Plan General y también que dos días después de salir a concurso esos trabajos, en diciembre de 2007, suscribiera un contrato de consultoría y asesoramiento con Jesús Quesada, el redactor del Plan.

"Usted sabe que eso es falso", le ha espetado al Fiscal Anticorrupción, antes de añadir que no solo no firmó ningún contrato sino que no entró en el equipo redactor, que "solo era un asesor externo" y que ese documento de la UDEF en que así se afirma está "mutilado" y "manipulado".

Tampoco le llegaron alegaciones del Plan, desde el empresario Enrique Ortiz, también acusado; solo 19 relacionadas con el Plan General, y la mayoría de ellas fueron parcialmente desestimadas, ha dicho. Y "no es cierto que todas las empresas tuvieran que pasar" por su despacho de abogados, como dicen los informes de la UDEF, ha señalado.

Respecto a Ortiz, no niega que éste le preguntase "sobre cosas" de un Plan General que estaba aprobado provisionalmente y ya era público, ha dicho, pero no le asesoró sobre aprovechamientos ni le facilitó información sobre el Plan ni éste abonó al despacho la supuesta minuta de 90.480 euros, que "fue solo un presupuesto", asegura. Tampoco el exalcalde Díaz Alperi participó como socio encubridor del despacho; solo fue "colaborador en un tema puntual".

Una declaración de una hora, por cierto, salpicada de salidas de tono hacia el Fiscal Anticorrupción, al que varias veces le ha recriminado decir "algo falso" y "barbaridades" o le ha preguntado si tenía claro quiénes hacen un Plan General o "cómo se tramitan" alegaciones.

José Luis Castedo rechaza haber intermediado para Ortiz

Por su parte, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, ha corroborado el argumentario de su socio en todas las preguntas planteadas: el despacho se creó porque vieron "un nicho de mercado con las reestructuraciones bancarias".

Ha negado que Ortiz les propusiera colaboración alguna para intermediar en la compra de suelo o relacionada con el Plan General, que presentasen alegaciones para el empresario o que Díaz Alperi fuera socio del bufete. El exalcalde participó como colaborador durante dos meses, ha dicho, y solo se pactó con él un pago por sus gastos de desplazamiento y dietas. Tampoco intentó que su hermana en su calidad de alcaldesa, le favoreciera, ha dicho para concluir.

Y sobre Ramón Salvador Águeda, otro empresario acusado, que admitió los hechos el primer día de juicio y se conformó con la pena, ha asegurado José Luis Castedo que se le cobró por los contenciosos que le llevaba el bufete, pero no por presentar alegaciones.

El juicio continuará ya el próximo 5 de octubre con la comparecencia de los testigos; entre ellos, los arquitectos urbanistas que participaron en la redacción del PGOU en sus distintas fases, Luis Cantallops y el mencionado Jesús Quesada. También se prevé que declaren varios técnicos de la concejalía de Urbanismo.