La inhabilitación de Torra aboca a Cataluña a un Gobierno en funciones en plena pandemia
Pere Aragonés asumirá atribuciones de presidente y las elecciones podrían llegar entre finales de enero y principios de febrero
Quim Torra i Pere Aragonés entran en el hemiciclo del Parlament durante el pasado debate de política general(ACN)
Barcelona
La inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, aboca a Cataluña a la inestabilidad. La sentencia del Supremo deja al Govern en funciones en plena pandemia y sin una respuesta unitaria del independentismo. El vicepresidente, Pere Aragonés, asumirá atribuciones de la presidencia, pero no podrá hacer destituciones, disolver el Parlament ni convocar elecciones. Así, el Supremo ha terminado marcando el calendario electoral. Según el informe de los servicios jurídicos de la Generalitat, el presidente de la cámara, Roger Torrent, podrá activar el reloj con un pleno -si no hay presidenciables viables-, y JxCat y ERC tendrán cierto margen para pactar la fecha de los comicios. Las elecciones podrían llegar entre finales de enero y principios de febrero.
La sentencia es firme desde que el Supremo la firma, pero no efectiva hasta que Torra sea notificado. En primer lugar, el Supremo notifica la sentencia a los procuradores, y aquí el presidente aún puede pedir alguna aclaración. Se trata de un trámite ágil y rápido -puede durar un máximo de dos días-, un margen donde la sentencia es firme pero aún no efectiva. Torra podría, pues, convocar elecciones en este breve período, pero no tiene la intención de hacerlo de acuerdo con la estrategia de su defensa.
Después de este período breve, el Supremo ya enviará la sentencia al TSJC. Cuando el tribunal catalán notifique la sentencia a Torra es cuando el presidente ya habrá sido cesado, ya que la decisión toma efectividad. Se espera que el mismo día se publique un decreto firmado por el rey Felipe VI en el BOE y simultáneamente en el DOGC, para comunicar el cese de Torra.
Calendario electoral
A partir de ahí, el Govern ya perderá el control del calendario electoral, y la pelota pasará al tejado del Parlament. Torrent tendrá 10 días hábiles para abrir consultas y buscar un candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat. Si no hay ninguno, o no con apoyos suficientes para ser investido, Torrent podría convocar un pleno para constatar la falta de candidaturas a la investidura.
Este pleno, que sería un "acto equivalente" a un pleno de investidura, permitiría a JxCat y ERC negociar la fecha de las elecciones, al menos para hacerlas coincidir en domingo. El informe jurídico de la Generalitat permite cierto margen a los grupos que apoyan al Govern porque no aclara ningún plazo, y se podría convocar a días o semanas vista. Sin embargo, los republicanos quieren acortar en lo posible la transición hasta la cita con las urnas.
Esta sesión plenaria activaría el reloj y comenzarían dos meses para seguir buscando candidatos a una investidura. Si, agotado el plazo, tampoco hay ningún diputado o diputada que opte a una investidura, las elecciones tendrían lugar al cabo de 54 días, según la LOREG-, o entre 40 y 60 días, según la ley de la Presidencia. Si se cumplen los plazos y no hay sorpresas, las elecciones podrían celebrarse el 31 de enero o el 7 de febrero.
Aragonés, presidente sustituto
El Govern estará en funciones desde que el TSJC notifique la sentencia a Torra y haga efectiva la decisión del Supremo. El ejecutivo no podrá presentar proyectos de ley -pero sí decretos si son de urgencia-, por lo que tampoco podrá tramitar los presupuestos del 2021. A partir de ahí, Aragonés -aunque como vicepresidente- debería convocar una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo, donde el resto de consellers avalarían el decreto de sustitución del presidente de la Generalitat, y por tanto, aceptarían de facto la sentencia del Supremo y la destitución de Torra. Este decreto se enviaría al Parlamento.
Como presidente sustituto, Aragonés no podría convocar elecciones, nombrar ni cesar consellers, ni someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento. Según el informe jurídico de la Generalitat, tanto Aragonés como los consejeros y consejeras del Gobierno deberán seguir sometiendo a las sesiones de control del Parlamento durante la interinidad. Según el informe jurídico, también será Aragonés quien acabe firmando la convocatoria electoral.
