Economia y negocios
CRISIS INDUSTRIAL

A Mariña, ante un cierre de Alcoa que el comité considera ilegal

Representantes del comité de empresa de Alcoa a las puertas del Pazo de Cea, antes de la celebración de una mesa de negociación convocada por la compañía, en Nigrán, Pontevedra, Galicia (España), a 28 de septiembre de 2020. / Marta Vázquez Rodríguez - Europa Press Europa Press

Santiago de Compostela

El fracaso de las negociaciones para la venta de Alcoa a Liberty House ha supuesto un auténtico mazado en una comarca, la de A Mariña, en la que están en juego 500 puestos de trabajo directos, otros 500 indirectos y una actividad económica que supone un tercio del PIB de la provincia de Lugo.

Terminado el plazo para la venta que se dieron las partes, Alcoa ha convocado al comité en Nigrán a un primer encuentro para negociar un plan social, con la vista puesta en un ERTE o, si no hay acuerdo, la aplicación de un despido colectivo. 

Con el paso de las horas se van conociendo detalles de la negociación frustrada y todas las miradas se dirigen hacia Alcoa. Según el comité, el ERE que plantea es ilegal porque ha actuado en todo momento "de mala fe" llegando a proponer despidos para ampliar el plazo de negociación con la SEPI para la venta de la fábrica. Además, según el presidente de ese comité, José Antonio Zan, "Alcoa no tiene derecho a quitarle a España lo que España ha conseguido porque esta empresa era de la SEPI, fueron expropiados los terrenos y se destinaron muchos millones para construir la fábrica. No puede permitirse que pongan en tela de juicio el estado de derecho porque si no, seríamos una república bananera y cualquier multinacional hará con nosotros lo que le dé la gana".

También desde el gobierno central culpan a Alcoa. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, en declaraciones a la Ser, comparte que no se ha apartado un milímetro de la estrategia marcada que no es otra que "mantener el monopolio del aluminio y traerlo de Chica o Arabia Saudí". La misma opinión comparte el conselleiro de Economía, Francisco Conde para quien Alcoa "se ha negado a todo, hasta a la posibilidad de vender la planta al gobierno".

La Xunta, como autoridad laboral, es a partir de ahora la administracion competente para autorizar el ERE que la plantilla considera ilegal.

 
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