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Los trabajadores de la Residencia de Santiago de Alcántara rescinden sus contratos

Tras cinco meses sin cobrar sus nóminas, los trabajadores de esta empresa acordaron en asamblea las acciones a emprender contra la propia empresa

Santiago de Alcántara / Google Maps

Badajoz

Los trabajadores de la Residencia de Mayores de Santiago de Alcántara (Cáceres) han decidido, en asamblea general rescindir sus contratos con la empresa ALIGEX tras cinco meses de impagos de sus nóminas, lo que conllevará que los ancianos residentes "quedarán desatendidos en breve".

Según el sindicato USO, tras cinco meses sin cobrar sus nóminas, los trabajadores de esta empresa que atienden a los ancianos de la Residencia "El Péndere" acordaron en asamblea las acciones a emprender contra la propia empresa, el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Extremadura por los impagos.

En dicha asamblea se acordó de forma unánime por parte de todos los asistentes acogerse al derecho que les asiste de “demandar a la empresa para la rescisión de su contrato por incumplimiento empresarial grave y reiterado”.

Aseguran que esta decisión, al menos, les garantizaría mantener el reconocimiento de sus derechos y poder acceder a la prestación de desempleo, por lo que adelantan que los ancianos residentes dejarán de recibir la atención y los cuidados del personal de la residencia "en apenas una semana".

"La situación es desesperante entre las trabajadoras y trabajadores, ya que a algunos de ellos no les llega literalmente para hacer frente a las necesidades más básicas de sus familias, como por ejemplo comprar determinados alimentos, además de que no pueden hacer frente al pago de sus recibos".

Además, algunos de ellos no van a poder asistir a sus puestos de trabajo esta semana porque viven en pueblos cercanos y no tienen dinero literalmente para pagar la gasolina y desplazarse hasta la residencia.

Recuerdan que entre los meses de marzo y abril fallecieron en esta residencia 19 ancianos residentes y el 50 por ciento de la plantilla resultó contagiado por COVID-19, motivo por el que también han decidido unánimemente emprender las acciones judiciales necesarias para depurar responsabilidades "ante los nuevos y relevantes detalles conocidos en relación a las circunstancias en que se encontraba la residencia durante el Estado de Alarma".

En su opinión, "resulta bochornoso y lamentable" observar que Ayuntamiento (PP) y Junta de Extremadura (PSOE) utilicen estas situaciones tan sensibles para tratar de sacar rédito político culpándose los unos a los otros, en lugar de sentarse a buscar soluciones urgentes al problema de los impagos de las nóminas a los trabajadores y poner al día administrativamente en materia de permisos y licencias de actividad a la residencia.

 
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