Un arquitecto del equipo del PGOU de Cantallops admite "disparidad de opiniones" con Díaz Alperi y Castedo

Alicante

En la Audiencia Provincial se ha retomado este lunes el juicio por el presunto amaño del PGOU de Alicante entre 2008 y 2010, con la declaración del jefe del departamento técnico, Miguel Ángel Cano, encargado del planeamiento urbanístico en aquellos años, que ha destacado que con el cambio de redactor del Plan General, sí hubo un aumento notorio de la edificabilidad, al pasar los trabajos a estar dirigidos por Jesús Quesada, tras el despido de su predecesor, Luis Cantallops.

Para esta jornada también estaba prevista la declaración por videoconferencia como testigo de este primer arquitecto del Plan General, Cantallops, a quien se le rescindió el contrato sin que llegara a terminar el planeamiento urbanístico, pero problemas técnicos han obligado a aplazarla a otro día.

La declaración de Cantallops es relevante, porque en su día admitió presiones indirectas en la redacción del Plan y que detrás de su despido hubo razones políticas que obedecían a no haberse plegado a determinadas condiciones, como la urbanización excesiva en ciertos sectores.

Esta mañana han declarado el empresario José Gregorio Bernabé, de la empresa Asesorama, que supuestamente iba a desarrollar terrenos en Aguamarga para la Ciudad de la Economía, y que ha negado relación con Enrique Ortiz, pese a tenerse constancia de hasta 70 conversaciones entre ambos antes de la aprobación del PGOU.

También ha testificado Miguel Ángel Cano, el arquitecto municipal, ahora jubilado, que en aquella época se encargaba de supervisar los trabajos de planeamiento, y que ha reconocido "disparidad de opiniones o pareceres" entre Cantallops y "la clase política de entonces", es decir, los exalcaldes Díaz Alperi y Sonia Castedo.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Además, ha dejado claro que no compartía que en la zona del estadio Rico Pérez se ubicase un centro cívico, algo que "no veía conveniente", al igual que que no creía que fuese "bueno" ni "entendía" que en los Saladares de Aguamarga se desarrollase una zona de uso terciario, porque a su juicio provocaba un modelo de "ciudad fragmentada".

También ha admitido que el plan que luego diseñó Jesús Quesada -quien se hizo cargo de la redacción del Plan en abril de 2008 tras el despido de Cantallops-, era "más expansivo" que el anterior de Cantallops, y por tanto contemplaba más suelo urbanizable y también más parque natural.

Afirma que la resolución del contrato de Cantallops salió de los responsables políticos y que a él nadie le consultó ni supo qué parte del proyecto había disgustado al alcalde Díaz Alperi, pero que detrás de la remodelación que tuvo lugar al frente del equipo del Plan en 2008 estaba Sonia Castedo.

Esta tarde se retomarán las declaraciones con la del redactor Quesada, y la del técnico de Urbanismo Javier Llorens.

Recordamos que la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de prisión para Castedo, y 10 años y 2 meses para Díaz Alperi por delitos continuados de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias, y en lo que respecta al empresario Enrique Ortiz, presunto beneficiario del amaño, pide 8 años por supuesto tráfico de influencias y cohecho.