El caso La Loma se salda con tres condenas

Castro Urdiales

La Audiencia de Cantabria ha saldado la macrocausa por el caso La Loma de Castro Urdiales con solo tres condenas, al ex alcalde Fernando Muguruza, al ex secretario municipal César Saiz, y al arquitecto y promotor Valentín Galdós, y ha absuelto a diez personas, que salen libres de cargos junto a las más de 30 a las que se retiró la acusación al inicio del juicio.

La sentencia, de 250 folios, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, condena a Fernando Muguruza a ocho años de inhabilitación y uno de cárcel por delitos de prevaricación administrativa continuada y urbanística.

César Saiz ha sido condenado a ocho años de inhabilitación, dos de cárcel y multa como cooperador necesario en delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público. Las penas impuestas a Valentín Galdós por un delito de falsedad documental ascienden a dos años de cárcel, inhabilitación por un año y multa.

A estas tres personas se las absuelve del delito de cohecho del que también estaban acusados, y asimismo se absuelve a otra decena de políticos, técnicos y funcionarios municipales: el exalcalde Rufino Díaz Helguera, el que fue arquitecto del Consistorio Pedro Restegui, la funcionaria de Urbanismo Yolanda Sánchez, y los ex ediles Concepción Carranza, Jaime Díaz Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez, y Tomás Molinero, además de la ingeniera Carmen Villanueva.

Estas personas, que quedan libres de cargos, se suman a las más de treinta a las que se retiró la acusación al inicio del juicio en la sección tercera de la Audiencia.

Este juicio supuso un reto para la Administración de Justicia de Cantabria, por el volumen de la causa, el elevado número de acusados y el tiempo por el que se prolongó, desde principios de octubre de 2019 hasta final de febrero de 2020.

La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, se inició en la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel.

Sin embargo, al comienzo del juicio se retiró la acusación para más de treinta de los encausados, y finalmente fueron trece las personas que se sentaron en el banquillo: políticos y técnicos del Ayuntamiento castreño y personal contratado.