Mari Carmen Maeztu: "No encontrábamos personal para las residencias"

Pamplona

La consejera de Derechos Sociales ha presentado este viernes en el Parlamento la auditoría encargada sobre la COVID en residencias de mayores y discapacidad y de la que ha destacado que concluye señalando que los principales factores de incidencia en estos centros fueron la prevalencia del virus en la zona, el tamaño y las visitas previas.

Según la información ofrecida por Carmen Maeztu, con más de 3 casos por mil habitantes en la zona el riesgo en las residencias se multiplicó por seis, con más de cien personas residentes fue cinco veces superior, y tres veces mayor en aquellos centros con 50 visitantes o más en la semana previa al estado de alarma

Factores relevantes para una menor afectación por la COVID en las residencias fueron la disposición de pruebas diagnósticas, las desinfecciones o la gestión de los recursos humanos, ha indicado la consejera, y ha añadido que de forma negativa influyeron las EPIs artesanales, las bajas en la plantilla y la ratio de profesionales.

Hay además elementos "que parecen no tener relevancia" como la titularidad privada o publica, las características de los residentes (edad o dependencia) o el número de residentes por habitación y, paradójiamente, ha subrayado Maeztu, la disponibilidad de personal médico o de enfermería antes de la pandemia no ha incidido de manera importante.

Tras recordar con cifras la incidencia de la COVID en estas residencias, con 437 personas mayores fallecidas (163 con síntomas compatibles y el resto confirmados) y 1.474 contagiados a junio (1.396 mayores y 78 personas con discapacidad), ha precisado que 24 centros de mayores concentraron el 94% de los contagios y el 93% de las muertes.

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Y ha agregado que en las residencias públicas en general hubo un menor impacto, con contagios en el 36% frente al 44% de las privadas sin ánimo de lucro y el 50% con ánimo de lucro, más casos en las de menores ratios de personal y un 12% de contagios en las de menos de 35 residentes y un 34% en las de más de cien.

Otras conclusiones a las que ha aludido Maeztu señalan que mitigaron mejor la pandemia las residencias que tomaron medidas de forma precoz, que en marzo tuvieron "escasez" de recursos sanitarios y que fueron necesarios "grandes esfuerzos" por las "elevadas" bajas laborales, lo que hizo que 3 de cada 4 centros tuviera que reforzar plantillas aunque hubo "graves dificultades" para ello.

Con esos datos la auditoría recomienda prestar atención prioritaria a las residencias en zonas con mayor prevalencia, implantar medida de aislamiento a partir de una tasa de 3 casos por mil habitantes en la zona básica, disponer de material preventivo como pruebas PCR, y prestar especial atención a las desinfecciones.

También aconseja garantizar stock de material, disponer de los apoyos externos necesarios y de apoyos sanitarios, contar con protocolas de actuación, así como con formación y apoyo a directivos, e implantar un nuevo modelo residencial que reduzca los riesgos y debilidades detectados en el actual.

"Consideramos esta auditoría un fraude. Se ve claramente que la han encargado para intentar lavar su imagen", ha dicho Marta Álvarez, de Navarra Suma, y ha destacado que "no hay ni una mención a la actuación del Gobierno salvo para valorar su apoyo" cuando las residencias "no tenían la responsabilidad ni el control de la situación porque se la habían quitado", y subrayado que el personal infectado elevó en 7,5 veces el riesgo de contagio.

Nuria Medina, del PSN, ha considerado que "politizar esta crisis es de una irresponsabilidad máxima", señalado que el Parlamento está para analizar y buscar soluciones, también a un modelo residencial que "tiene unos déficit estructurales que actúan como factores de riesgo", y valorado el trabajo "a contrarreloj sin ningún tiempo de adaptación" que se llevó a cabo y la actitud "proactiva" del Gobierno.

Por Geroa Bai , Isabel Aramburu ha afirmado que "se ha hecho todo lo que ha sido posible y algo más teniendo en cuenta las circunstancias en las que se estaba y se ha tomado muy buena nota de las recomendaciones, que ya se han empezado aponer en marcha"

Para EH Bildu, Patricia Perales ha asegurado que se trata de una evaluación "totalmente parcial", es una "autoevaluación" que "no procede en este caso" cuando se deberían "identificar todos los errores", a lo que ha sumado la repercusión negativa que en estos servicios tiene a su juicio el ánimo de lucro.

Mikel Buil, de Podemos, ha considerado que la auditoría se concentra en cuestiones muy importantes para prevenir el contagio y la incidencia de la COVID, y defendido que es necesario impulsar un modelo residencial que se centre en la persona y no en el beneficio.

Desde I-E Marisa de Simón ha apuntado que edad y concentración de personas son en sí un riesgo objetivo, ha comentado que la auditoría confirma las hipótesis sobre las causas de la incidencia y ahora corresponde "invertir para adaptar los centros a las recomendaciones".