Defender la República está autorizado por la Constitución
La firma de Nicolás García Rivas, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha
Albacete
Desde hace 42 años España es una monarquía parlamentaria. Así define nuestra Constitución el modelo de Estado.
La Monarquía se rige por una regla de sucesión consanguínea, pero la legitimidad de esa fórmula está en la Constitución. La nuestra es tan flexible que permite cualquier cambio, por obtuso o extraño que nos parezca. Así lo reconoce su artículo 168. Esa flexibilidad se vuelve rigidez en cuanto a la forma de modificarla, que exige para determinados temas mayorías tan cualificadas que resultará difícil de cambiar.
Precisamente por esa posibilidad enorme de cambio, se califica nuestra Carta Magna como una Constitución no militante: todos tenemos derecho a intentar cambiarla y a defender lo que en ella no aparece reconocido, incluido el modelo de Estado: la Monarquía.
Así lo reconoció el Tribunal Supremo en la famosa Sentencia del Procés, de la que se cumple ahora justamente un año.
Por eso resulta extravagante que 180 personas profieran su Viva la Monarquía en un vídeo de factura inenarrable para denunciar lo que consideran un acoso contra la Constitución. No tienen razón. Con independencia de la oportunidad de contradecir precisamente ahora (con la crisis económico-sanitaria que tenemos encima) ese modelo de Estado, todos tenemos derecho a ponerlo en cuestión porque la propia Constitución nos autoriza a ello.
Sólo desde una visión autoritaria del Estado constitucional democrático o desde la añoranza de una Monarquía propia del doctrinarismo reaccionario español (el de Donoso Cortés) puede negarse legitimidad democrática y constitucional a quienes abogan por una forma distinta de Estado.
Así pues, a esos "defensores de la Constitución" habría que decirles que harían mejor cumpliendo con el mandato constitucional del pluralismo político, una virtud que no existía en esa añeja Monarquía que parece generar tanta nostalgia.




