Martes, 24 de Noviembre de 2020

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El Ayuntamiento de Alicante restablece una ordenanza contra la mendicidad y la prostitución

PSOE, Unidas Podemos y Compromís creen que la Ordenanza de Convivencia Cívica recupera el espíritu sancionador de la norma de Castedo y dudan de que se puedan aplicar las medidas sociales que se han anunciado

Una persona sin recursos pide dinero en una calle

Una persona sin recursos pide dinero en una calle / Cadena Ser

El bipartito de Alicante (PP y C's) ha recuperado la ordenanza contra la mendicidad y la prostitución, ahora bajo el nombre de Ordenanza de Convivencia Cívica, que fija sanciones de hasta 3.000 euros. La junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la aprobación inicial de una norma que, según el edil de Seguridad, José Ramón González, es una herramienta "eficaz" de actuación jurídica para que la Policía Local pueda "intervenir y solucionar" problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad.

Un borrador que pretende preservar los espacios públicos y fomentar un mayor civismo, así como actuar contra la mendicidad ilegal y coactiva y contra la oferta y demanda de prostitución.

Para González, la diferencia con la anterior ordenanza que aplicó el gobierno de Sonia Castedo y que derogó el tripartito en 2016, es "radical en la filosofía de la misma" puesto que la actual nacerá con un marco normativo adecuado para dar protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales.

Esta Ordenanza de Convivencia Cívica dará "respuesta y solución", según González, a las denuncias de los vecinos puesto que también regula el comportamiento pacífico en la vía pública, el que se pueda transitar sin ser molestado, prohíbe todo tipo de grafitis, actitudes vandálicas o de acoso, juegos en el espacio público, competiciones deportivas masivas o consumo de alcohol en la calle, entre otras cuestiones. La horquilla de sanciones va de los 210 a los 3.000 euros.

No obstante, la oposición alerta de que esta ordenanza "recupera" la de la exalcaldesa Castedo, "persiguiendo a las personas más vulnerables y criminalizando la pobreza". Además, tanto Llanos Cano del PSOE, como Vanssa Romero de Unidas Podemos y Natxo Bellido por Compromís, se preguntan cómo se va a trabajar en la actuación social con una concejalía de Acción Social "saturada", un albergue "insuficiente", el programa 'Housing first' desmantelado y una inversión nula en vivienda pública.

Esta ordenanza, tras un año de elaboración y cuyo modelo ha sido el de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , irá al próximo pleno para su aprobación inicial y será entonces cuando pase a exposición pública.

 

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