El jefe jurídico de Urbanismo admite reuniones entre los exalcaldes y Ortiz, pero no sobre el Rico Pérez

Alicante

En la Audiencia Provincial, el juicio por el supuesto amaño del PGOU de Alicante, ha continuado con testigos que pueden relacionar pagos entre las cuentas del empresario Enrique Ortiz y el exalcalde Díaz Alperi, principales acusados junto con la exalcaldesa Sonia Castedo, en esta causa.

Isidora Calvo, apoderada de la mercantil Asegur Ingeniería del Fuego SL., ha negado haber recibido 175.000 euros de manos de uno de los socios de la empresa, Pablo Rico, una suma que habría sido destinada -según la acusación- desde la cuenta de una UTE participada por Ortiz a pagar el bungalow de Elisa Díaz, la hipoteca del exalcalde Díaz Alperi.

La declaración más extensa ha sido la del técnico municipal José Luis Ortuño, máximo responsable jurídico del Plan, quien ha confirmado que se celebraban reuniones semanales donde se abordaban las alegaciones y que llegó a participar en una que incluía a Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, pero que en ella se abordó con él el Plan Parcial de Vistahermosa, nada relacionado con el Rico Pérez, y asegura que "la última palabra de las reuniones la tenía el equipo redactor".

Respecto a la conversación grabada que mantuvo con Ortiz en la fase final de redacción del Plan (en junio de 2008), supuestamente para consensuar parte del planeamiento donde el constructor tenía intereses como propietario del suelo, Ortuño ha alegado que le llamó en calidad de agente urbanizador, y que fue un momento "incómodo" para él, aunque como ha leído en la transcripción el Ministerio Fiscal, se presentarse como "amigacho" de Ortiz al descolgar éste el teléfono.

También han declarado Alfonso Mendoza Quesada, amigo de la hija del exalcalde y sobrino del segundo redactor del Plan General, que también formó parte del equipo redactor y que ha negado haber estudiado alegaciones al Plan en el bufete de abogados del hermano de Castedo.

José Candel, empleado en empresas de Ortiz desde el año 89, que participó en los tanteos con la propietaria de unas fincas en Fontcalent, ha dicho que "ni uno de los 780.000 metros cuadrados" de esos terrenos llegaron a comprarse por Ortiz porque había que respetar que estuviese aprobado el Plan General.