Domingo, 29 de Noviembre de 2020

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Caso PGOU Alicante

Un empleado de Ortiz declara que los planos de las grabaciones estaban ya expuestos o eran de la propia firma

Javier Llorens ha alegado que los planos a los que alude con Ortiz en distintas conversaciones hacían alusión a documentos ya en exposición pública o a planos elaborados por él en suelos ya protegidos

Dos de los abogados de las defensas a su entrada en la Audiencia Provincial para el juicio. Foto de archivo.

Dos de los abogados de las defensas a su entrada en la Audiencia Provincial para el juicio. Foto de archivo. / Sonia Martín

En la sesión de hoy del juicio que se sigue por el presunto amaño del PGOU de Alicante, este jueves han declarado Roberto López Abad, que fue director general de la CAM en plena tramitación del PGOU, dos exconcejales del PP, llamados por las defensas, que han negado presiones de la exalcaldesa Sonia Castedo a la hora de votar en los plenos, y un empleado de Ortiz.

El exdirector general de la CAM ha negado haber recibido información privilegiada por parte de Castedo sobre la operación del ayuntamiento para aprobar la permuta de unos solares protegidos en Aguamarga, que pertenecían a Kelme, por terrenos edificables en La Condomina, cuya venta le habrían reportado a la CAM hasta 120 millones de euros. Ha alegado que el cruce de correos electrónicos que se intercambiaron al respecto varios directivos de la CAM respondía a salvar Kelme y que ese era su único interés.

Javier Llorens, empleado de Ortiz, ha negado haber recibido nunca información reservada de parte de la exalcadesa sobre el Plan General, y ante las numerosas conversaciones grabadas entre él y Ortiz que el fiscal le ha ido leyendo, donde hablan de planos, ha alegado que eran del Plan ya en exposición pública o de planos elaborados por él o por su propia empresa en suelos ya protegidos.

Tras renunciar las defensas a que declarase la exconcejal María Ángeles Goitia, sí lo han hecho Andrés Llorens y Juan Seva. Ambos han coincidido en que fue la oposición, Izquierda Unida concretamente, quien relacionaba la corrupción con la aprobación del desistimiento del Plan General, decía Llorens.

Y Seva, en la misma línea, ha recalcado que nunca recibieron presión alguna a la hora de votar en los plenos: ni la aprobación provisional en abril de 2010, ni su posterior desistimiento en febrero de 2015, por parte de Sonia Castedo, ni por parte del exalcalde Díaz Alperi.

También han testificado tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía sobre la vigilancia a los acusados, que han relatado distintos encuentros entre Castedo y Díaz Alperi, juntos o por separado con Ortiz, para hacerle entrega de documentos o comer con él, en restaurantes, fuera del Ayuntamiento, en Benidorm, en casa de Castedo o en el propio yate del constructor.

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