El Senado pide que el Gobierno asuma el coste de las desaladoras de Castellón

Castellón

El Senado pide que el Estado asuma el coste de las desaladoras de Castellón, que alcanzaron un precio de más de 30 millones de euros, a través de fondos europeos. Un coste que ahora no pueden asumir los ayuntamientos. Hoy, los grupos han aprobado una moción de Compromís, en una votación que ha contado con la abstención del PSOE y del PNV.

Esta mañana, se ha celebrado la Comisión de Transición Ecológica en el Senado, donde el grupo Mixto (Agrupación Socialista Gomera), Coalición Canaria, ERC, Ciudadanos y Partido Popular han votado a favor de una moción de Compromís para exigir que el Estado asuma el coste de las desaladoras de la provincia de Castellón. El recuento se ha saldado con 16 votos a favor y 13 abstenciones, por parte de los representantes del PSOE y del PNV. Las dos desaladoras de la provincia, la de Cabanes y la de Moncofa, se construyeron en 2006 en la época del boom urbanístico.

En 2019, los Ayuntamientos adheridos a estas plantas desaladoras, que son además de los mencionados, Oropesa, Benicàssim y Xilxes, negociaron con la empresa estatal Acuamed los convenios que se firmaron en el momento de su construcción porque, por el precio eran inasumibles por el elevadísimo coste que supondría para los ayuntamientos, teniendo en cuenta que se construyeron pensando en el desarrollo de futuros proyectos urbanísticos, que no se llegaron a realizar.

Tras conseguir la modificación de los convenios, con una tarifa transitoria de cinco años, los Ayuntamientos aprobaron el acuerdo para salvar la situación, sobre todo, porque Europa exigía que los consistorios asumieran el precio de construcción de estas infraestructuras si no se ponían en funcionamiento. Un coste que alcanzó los 33 millones de euros.

La moción reclama instar al Gobierno a asumir el coste del cánon de construcción a satisfacer por los ayuntamientos afectados y les exime de la obligación existente por la firma de convenios y tarifas transitorias, por lo que reclama derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos de Cabanes, Moncofa, Oropesa, Xilxes y Benicàssim y contemplar posibles usos alternativos. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha destacado en declaraciones a Radio Castellón que las desaladoras fueron impulsadas por el Partido Popular y el PSOE, y que han supuesto una ruina para los ayuntamientos. Mulet pide al Gobierno central que asuma el coste y que busque usos alternativos.

Mulet ha destacado que el PP ha dado un giro de 180 grados en esta cuestión, porque en 2017 rechazó esta propuesta, mientras considera que inexplicablemente, el discurso de hoy del PSOE no es el que sostiene este partido ni en la provincia, porque los socialistas se han abstenido en la votación de la Cámara Alta.

La senadora del Partido Popular por la provincia de Castellón, Salomé Pradas, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón que el Gobierno central debe asumir el coste de las desaladoras, que solo han aportado ruina económica a los municipios.

El principal argumento de los partidos que han votado a favor es el hecho de tratar de evitar que los ayuntamientos tengan que hacer frente al elevado coste que supondría asumir el precio de estas infraestructuras.