Viernes, 27 de Noviembre de 2020

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El Consejo General del Poder Judicial en el punto de mira

Llama la atención el gran escándalo que se ha montado en las últimas semanas por la propuesta de los partidos en el Gobierno para modificar el sistema de elección de los 12 vocales magistrados del Consejo General del Poder Judicial

La respuesta airada de algunos miembros conservadores de ese órgano ha consistido en denunciar la inconstitucionalidad del intento de PSOE y UNIDAS PODEMOS.

En realidad, la Constitución no dice nada sobre el sistema de elección de esos 12 vocales procedentes de la judicatura. Solo exige que los otros 8 sean elegidos por Congreso y Senado, a razón de 4 cada uno, por una mayoría reforzada de 3/5.

La propuesta de reforma mantiene la elección parlamentaria para los 12 magistrados pero rebaja la mayoría necesaria, equiparándola a la que se exige para la investidura del Presidente del Gobierno.

El Partido Popular, por su parte, intenta desde los años 80 que los esos 12 magistrados sean elegidos por sus asociaciones, sabiendo que la mayoría tiene tendencia conservadora. Ese es el sistema italiano, tan bueno o malo como el francés, más parecido al español actual.

No es ese, por tanto, el talón de Aquiles de la propuesta de reforma, sino la absoluta inconsecuencia de pretender que en mismo órgano -el Consejo- convivan vocales que han sido elegidos con distinta mayoría, lo cual resulta orgánicamente inaceptable.

Así pues, esta propuesta de PSOE y UNIDAS PODEMOS tiene una finalidad muy loable: acabar con la práctica torticera de bloquear la renovación del Consejo aprovechando el voto de vocales con mandato caducado para elegir miembros de Altos Tribunales afines al Partido Popular, pero el camino elegido no es para nada plausible, aunque no pueda tildarse de antidemocrático en modo alguno.

El sistema de elección puede ser variado, lo decisivo es que esos vocales del Consejo cuenten con un importante respaldo social y que gobiernen con ecuanimidad, sin utilizar los poderes del órgano para designar "a la carta" a quienes habrán de juzgar a los propios militantes aforados si éstos incurren, como es demasiado habitual, en casos de corrupción.

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