La Junta endurece el criterio sobre el acceso a municipios confinados para compras básicas
La Delegación Territorial emite una nota donde afirma que "la compra de productos en sí misma no es una causa justificada" y hay que justificar la causa de fuerza mayor o situación de necesidad
El decano de Derecho de la Universidad de Burgos cuestiona la legalidad de estas restricciones

Imagen de uno de los controles de este confinamiento en las entradas del municipio / Cadena SER

Aranda de Duero
La Junta de Castilla y León aclara que la compra de productos en sí misma no es una causa justificada para acceder a los municipios que se encuentran confinados, como es el caso de Aranda. La Delegación Territorial ha hecho pública una nota en la que recuerda que las entradas y salidas en esos municipios quedan restringidas salvo aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por una serie de motivos, como puede ser los de carácter sanitario, educativo, laboral, asistencia y cuidado a personas mayores, menores, dependientes o con discapacidad. También incluye entre esas excepciones el retorno a la residencia habitual o actuaciones urgentes en administraciones públicas y otros trámites inaplazables. Otra causa que justificaría estos desplazamientos es la de “fuerza mayor o situación de necesidad”, y a este punto es al que remite para referirse al polémico y ambiguo asunto de las compras de los habitantes de los pueblos de la comarca en la capital ribereña.
“Se entiende situación de necesidad –dice la nota - la que se cubre mediante la prestación de un servicio esencial, siempre que ésta sea inaplazable, y sea imposible de obtener en la propia localidad o en otra cercana diferente a la localidad objeto de estas medidas restrictiva, y siempre que se pueda justificar”.
La Delegación Territorial se sitúa con esta aclaración en el lado más restrictivo, a la vez que hace “un llamamiento a la responsabilidad de todos los habitantes de los municipios afectados, así como de las localidades cercanas a ellos”, convencido de que “el cumplimiento de estas medidas permitirá un cambio en la tendencia de la curva de contagio, y, en consecuencia, el levantamiento de las mismas”.
Una restricción de dudosa legalidad
Las restricciones que impone en este sentido la Junta de Castilla y León son de más que dudosa legalidad para el decano de Derecho de la Universidad de Burgos. Santiago Bello, que ha pasado este mediodía por el programa Hoy por Hoy Aranda, se manifestaba perplejo por lo que plantea la administración regional en esta disposición, tan difícil de interpretar y de llevar a la práctica. Dice que ninguna de las administraciones con las que se ha puesto en contacto ofrecen más razones que la intención de que la población “no se mezcle”.
Santiago Bello explicaba que esta disposición de la Junta, que es un mero acto administrativo, no puede ser más restrictiva que el estado de Alarma de esta primavera, que se aplicó en base a un Real Decreto, que tiene rango de ley, y en esa situación no se vetaba el acceso a Aranda para las compras básicas.




