Iliberales

Córdoba

Creo que la Constitución que yo leo y está publicada en el BOE desde 1978 es diferente de la que lee el Gobierno de Coalición del señor Sánchez y señor Iglesias.

La Constitución que yo leo dedica once artículos al Poder Judicial y, leyéndolos, uno se hace una idea de lo que es un poder judicial independiente. De hecho, la independencia (no autonomía) de los Jueces respecto a todos los demás poderes se predica en el artículo 117.1 y se ratifica en el 124.1 cuando se dice, ¡oh frase!, que el Ministerio Fiscal tiene por misión, entre otras, “velar por la independencia de los Tribunales”. Más aún, para garantizar esa independencia, los jueces tienen acotadas sus incompatibilidades, como los otros poderes del Estado no pueden afectar a su carrera.

Más aún, en el artículo 122.3 que yo leo se dice “El CGPJ estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por el período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Precisamente esa precisión de tres quintos para los juristas fue lo que se copió para los demás miembros de la Ley Orgánica, pues era una forma de igualar las condiciones de nombramiento y reforzar la independencia.

Por eso la propuesta del PSOE es un paso más en el desmantelamiento del Estado de Derecho.

No es sólo que el presidente Sánchez nombre Fiscal General del Estado a una exministra de Justicia; no es sólo que, aprovechando el estado de alarma, haya colado decretos–leyes y tramitado de urgencia cambios en leyes orgánicas; no es ya que desprecie completamente la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo (¿Dónde quedó el punto 2 del artículo 67 del no mandato imperativo de los diputados y senadores?); es que desprecia la separación entre el ejecutivo y judicial cuando declara a todo pulmón que él, “como poder ejecutivo, está dispuesto a negociar con el PP la composición del CGPJ” cuando eso, sencillamente, no le compete, pues es competencia de las Cámaras, del Congreso y del Senado, no del Gobierno. Y para corroborarlo basta leer la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cuando un Gobierno no deja que el Legislativo ejerza sus prerrogativas y va cercenando, no ya sustrayendo medios materiales de recursos humanos y de instalaciones, a la Justicia, es que empieza a tener una deriva iliberal que cercena los derechos democráticos de primera generación.

La incertidumbre, el miedo y la urgencia, en contexto de crisis económica, son el caldo de cultivo de gobiernos semi-totalitarios de derecha (como los de Hungría y Polonia) pero también de izquierda, como empieza a ser el de España. ¡Qué pena siento por el PSOE en su deriva neocomunista!