CERMI Cantabria propone la permuta de pisos protegidos cuando no se pueda instalar un ascensor

Santander

CERMI Cantabria propone la permuta de pisos para los casos en los que no se pueda instalar un ascensor que permita la accesibilidad. En Santander, según datos de un portal inmobiliario, el 30 % de los pisos en venta no tiene ascensor. Un hecho que no solo rebaja su valor en un 34%, sino que puede complicar la vida de las personas que tienen una discapacidad o que por su edad ven limitadas sus condiciones físicas. Regina Ruiz de la Oficina de Accesibilidad de CERMI, ha explicado en Hoy por Hoy Cantabria que ante los casos en los que no se consigue el acuerdo con la comunidad de propietarios para instalar el ascensor o la obra es demasiado costosa o complicada proponen una permuta. “Que el usuario cambie su vivienda por una de protección social de propiedad municipal y además queremos el cambio de la Ley de Propiedad Horizontal para que el tema de la accesibilidad estuviese al mismo nivel que la salubridad o la seguridad del edificio”.

Es una reivindicación que se ha presentado ante el Ayuntamiento de Santander, que por el momento estudia la propuesta. El consistorio aprobó en 2007 la ordenanza que para la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores. César Díaz, concejal de fomento, ha explicado que en la última modificación de se aumentó el máximo de la ayuda que se podía conceder. Además, se modificó la forma de calcular la subvención, graduándola en función del número de plantas del edificio y se introdujo un nuevo tipo de ayuda para aquellos casos especiales que no encajaban en las dos modalidades actuales (ascensor interior o exterior), en los que se tiene que optar por modificar la escalera y sacar parte de ésta al exterior.

Díaz ha destacado que las subvenciones, además de representar un “estímulo” para que los propietarios se decidan a hacer este tipo de obras, contribuyen a incentivar la actividad económica del sector de la construcción. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento junto con la documentación correspondiente, entre ella, el informe de evaluación del edificio que exige la normativa autonómica para todos los inmuebles de más de 50 años de antigüedad.