Domingo, 29 de Noviembre de 2020

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La Audiencia Nacional investigará la venta de mascarillas no homologadas a varios ayuntamientos de Ávila

El Juzgado de Instrucción traslada a ese organismo las diligencias realizadas con motivo de la Operación Coronafarma que se desarrolló en abril

Hay 17 investigados por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, entre otros

Hay 17 investigados por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, entre otros / Guardia Civil de Ávila

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Arenas de San Pedro (Ávila) se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que sea un Juzgado Central de Instrucción el que prosiga la investigación de la Operación Coronafarma que se saldó con varios detenidos por vender mascarillas no homologadas a ayuntamientos de la provincia de Ávila.

La organización fue desmantelada entre abril y julio por la Guardia Civil. En la causa hay investigadas 17 personas físicas y 4 personas jurídicas (dos clínicas y dos empresas de servicios sanitarios y parasanitarios). Se investigan presuntos delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El Juzgado de Arenas de San Pedro se declara no competente para seguir con la investigación porque considera que en la causa concurren los elementos necesarios para que ésta sea asumida por la Audiencia Nacional ya que "los posibles hechos, las posibles conductas y las posibles circunstancias envolventes, se han sucedido o han tenido lugar en distintas localidades en cuyo ámbito territorial abarca más de una provincia, trayendo como consecuencia efectos en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

'Operación Coronafarma'

La Operación fue desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, después de tener conocimiento de que una persona se estaba dedicando a la venta de mascarillas sin homologar en los ayuntamientos de Candeleda, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro.

Una vez iniciadas las investigaciones, esta persona fue localizada y detenida en la localidad de Candeleda.

Los ayuntamientos habían comprado más de 4.000 mascarillas. Las facturas de compra estaban expedidas por dos centros médicos privados, uno de Icod de los Vinos (Tenerife) y otro en Ciempozuelos (Madrid).

En la segunda fase de la operación, se inspeccionaron los centros médicos donde se incautó diverso material informático y documentación relacionada con las ventas fraudulentas.

Además, se encontró una oficina ubicada en Alcobendas (Madrid) que había alquilado el detenido para utilizarla como almacén, tramitación telefónica de los pedidos de mascarillas y organización de los pedidos para darles salida. En la inspección de esta oficina se aprehendieron unas 7.000 mascarillas sin homologar, 50 monos de protección, también sin homologar, así como diversa documentación.

Tras realizar un análisis de la documentación y del material informático, se pudo determinar que había otras seis personas implicadas que eran encargadas de realizar distintas labores como facturación, compra, recepción, almacenaje, distribución logística, transporte y entrega de la mercancía. Se trata de personas de confianza y familiares del detenido.

La operación 'Coronafarma', finalizó con una última detención, en Arenas de San Pedro, de otra persona que era socio y amigo del primer detenido, encargado de organizar el proceso de la compra y posterior venta de las mascarillas.

Se detectaron más ventas fraudulentas en ayuntamientos, farmacias y empresas de las localidades de Ávila, Salamanca, Guadalajara, Gerona, Santander, Tenerife, Talavera de la Reina, Córdoba, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cáceres, Toledo entre otras.

De todas las gestiones, investigaciones y análisis practicados hasta la fecha se descubrió que las mascarillas proceden, en origen, de un país asiático, por lo que la operación continúa abierta para localizar a los responsables de la venta de material sin homologar.

La Guardia Civil calcula que esta banda criminal habría obtenido unas ganancias de más de 300.000 € por la venta fraudulenta de más de 260.000 mascarillas, no descartándose que las cantidades sean bastante superiores.

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