El comité presenta en Fiscalía su denuncia por posibles irregularidades en la venta de Alu Ibérica

Oviedo

El comité de empresa de la planta de Alui Ibérica ha presentado ante la Fiscalía anticorrupción la denuncia de las supuestas ilegalidades sobre la venta de la antigua planta de Alcoa en A Coruña y en Avilés. Pide que se inicie una acción penal contra las personas y empresas que han actuado en el proceso por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, apropiación indebida y contra la seguridad de los trabajadores.

"É unha presunta estafa manifesta e uns presupuntos delitos de fraude e sobre todo un engano maiúsculo para os traballadores e as traballadoras que loitamos para o noso futuro por mantela planta en pe para a xeración que está agora traballando", señaló el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho.

Pide que se promuevan medidas cautelares para evitar un daño irreparable en las fábricas que ahora se están desmantelando, según sus denuncias, que se suman a otras iniciativas judiciales.

De hecho, el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales (CCP) también ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Alcoa, Parter Capital y Grupo Industrial Riesgo por las presuntas irregularidades en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés. La denuncia cita estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia y actuaciones contra la seguridad de los trabajadores entre los delitos que se podrían haber cometido en la operación.

La iniciativa insta a la Fiscalía a investigar un supuesto plan para trasladar la titularidad de las factorías a un fondo que no existe formalmente, el Grupo Industrial Riesgo, sin la solvencia necesaria para desarrollar la actividad industrial de la fábrica de aluminio. La querella señala que la operación pone en riesgo inversiones superiores a los 40 millones de euros, comprometidos por Alcoa para garantizar el futuro de las plantas gallega y asturiana.

En la querella criminal CCP pone de manifiesto como los querellados "urden un plan para hacerse con el control de las dos fábricas de Avilés y A Coruña mientras se estaba negociando una solución para evitar un Expediente de Regulación de Empleo comunicado por la dirección de Alcoa, en octubre de 2018, y que afectaba a 688 trabajadores de las dos plantas y que, a todas luces ha resultado ser un presunto fraude".

En la querella criminal, presentada por CCP, se llega a la conclusión de que "nunca tuvieron intención de aplicar un Plan Industrial comprometido con los trabajadores, sin que se haya realizado hasta la fecha ninguna de las inversiones previstas en el plan estratégico del acuerdo de venta, condenando a las empresas a su desaparición, abocando a los trabajadores a acudir al Fogasa para poder cobrar el subsidio de desempleo".

Alcoa vendió las plantas primero al fondo Parter Capital que, después, sin informar ni a Administraciones ni a trabajadores, las traspasó a Grupo Industrial Riesgo. El sindicato sostiene que la operación pone en riesgo la continuidad de más de 600 trabajadores.

Cuando la plantilla de A Coruña anunció acciones en la fiscalía, el Grupo Industrial Riesgo señaló en un comunicado que estaba adoptado todas las medidas necesarias para impulsar la actividad en la factoría.Pide que se inicie una acción penal contra las personas y empresas que han actuado en el proceso por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, apropiación indebida y contra la seguridad de los trabajadores.