Juicio a un Guardia Civil acusado de desmantelar empresas

Jaén

Un cabo de la Guardia Civil, de 40 años y destinado al puesto de Bailén, está acusado de valerse de su cargo para facilitar a terceros la compra a precios simbólicos de empresas que atravesaban dificultades económicas para luego desmantelarlas sin hacer frente a las obligaciones contraídas por dichas empresas. Por esta causa, está previsto que se siente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Jaén este lunes.

Por la misma causa están acusados otros dos hombres, que presuntamente, habrían sido intermediario y empresario, encargados de ejecutar las operaciones de compra de las empresas.

Los tres acusados tenían "un plan preconcebido" para "alcanzar la finalidad de ilícito enriquecimiento a costa del patrimonio ajeno", según afirma la agencia de noticias Europa Press. En su punto de mira estaban empresas que contaban con "un importante" inmovilizado material y que pasaban por dificultades económicas para hacer frente a las deudas contraídas, de las que en algunos casos eran avalistas o garantes los propios socios.

De esta forma, uno de los acusados, se presentaba como intermediario de un grupo inversor que se dedicaba a la adquisición de empresas en situación de crisis y ofreciendo hacerse cargo tanto de las deudas de la sociedad como de los socios. Otro de los encausados acompañaba al primero, "haciéndoles conocer su condición de guardia civil, dando con su presencia en las negociaciones apariencia de credibilidad y solvencia a las afirmaciones".

Así, según señala el Ministerio Público, lograban que "los socios de las empresas en crisis económica confiaran en la realidad y legalidad de las intenciones de la sociedad interesada en adquirir".

Los acusados conseguían que los socios de las empresas con dificultades económicas "consintieran la venta de las participaciones por una exigua cantidad económica haciéndoles creer que, una vez se hubiera producido la venta de las participaciones de la sociedad, la empresa adquiriente procedería al pago de las deudas de la sociedad y de las garantizadas por los socios".

Sin embargo, como recoge Fiscalía, la verdadera intención de los acusados era "el sistemático desmantelamiento del inmovilizado material de la empresa adquirida, su venta a terceros y la disposición en su beneficio del numerario obtenido sin voluntad alguna de hacer frente a las obligaciones de la sociedad".

En todo este panorama, el guardia civil está acusado también de aprovechar su condición de agente para acceder a las bases de datos de la Benemérita con el fin de conocer toda la información existente en los archivos policiales sobre las personas a las que se iban a comprar las empresas. Además se le acusa de usar dichas bases para conocer su determinadas personas estaban siendo objetos de investigación policial.

El agente, supuestamente como pago a sus servicios, ha recibido bienes y transferencias por valor de 66.000 euros, según se enumera en el escrito de calificación provisional del Ministerio Público.