Jueves, 03 de Diciembre de 2020

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Prisión para la exinterventora de Serranillos del Valle por falsificar una factura

Por el caso del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio ha sido absuelta

Fachada del Ayuntamiento de Serranillos del Valle

Fachada del Ayuntamiento de Serranillos del Valle / Ayuntamiento de Serranillos del Valle

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 3 años y un día de prisión y a 6 años de inhabilitación a la exinterventora general de los ayuntamientos de Moraleja de Enmedio y de Serranillos del Valle por falsificar una factura. Según la sentencia ha sido condenada por Serranillos del Valle y absuelta por Moraleja de Enmedio.

Los hechos se produjeron en mayo de 2012, cuando la condenada, B.M., trabajaba como interventora acumulada en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle y cuando el Ministerio de Hacienda estableció un Plan de Pago a Proveedores del que se beneficiaron todos los ayuntamientos de España.

Ejercía como interventora titular del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste, donde también trabajaba el otro condenado, C.B., que prestaba a ambas entidades servicios de informático.

Según la sentencia del tribunal,  los dos condenados “actuaron con la intención de generar la creencia de que existía una obligación pendiente de pago” en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle a favor del informático, creando una factura falsa por valor de 34.918,32 euros que se incorporó a la relación de facturas pendientes de pago que se remitieron al Ministerio de Hacienda.

Según la sentencia "lo cierto es que el coboro de la factura beneficiaba a ambos acusados y no se puede dar por probado que el dinero fuera a parar casi en exclusiva a la acusada porque se trata de una manifestación interesada del acusado y de su esposa sin corroboración objetiva alguna"

De la prueba practicada en el juicio oral se infiere que "los beneficiarios fueron a ambos porque ambos participaron en su elaboración y posterior incorporación al sistema informático para su abono, bien desde la autoría directa o bien desde la cooperación necesaria, por lo que la responsabilidad civil debe ser conjunta y solidaria"

“Todos los documentos aportados para conseguir el pago de una deuda inexistente son falsos desde el momento en que la deuda no se había generado por la prestación de servicio alguno”, sentencia el juzgado, que remarca que “la única persona” que podía subir los documentos a la plataforma del Ministerio de Hacienda era la interventora.

Ésta ha sido condenada por los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, “todos ellos en concurso medial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”.

El informático ha sido condenado como cooperador necesario de los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil por funcionario público a 1 año y 7 meses de prisión y a 18 meses de inhabilitación.

En el caso del informático, la pena se reduce por “atenuantes de reparación del daño y confesión del hecho” durante su declaración ante el juzgado.

La exinterventora ha anunciado su intención de recurrir la sentencia.

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