Una familia lucha en los tribunales para recuperar a sus 5 hijos
La Junta de Andalucía considera no idóneos a sus padres y se los ha retirado, repartiéndolos en centros de menores y familias de acogida
Baeza
De nuevo la historia se repite, si en los últimos meses se ha logrado reunir de nuevo a una familia separada por la Junta de Andalucía en Castellar, donde tres menores que eran criados por sus abuelos fueron separados entre ellos, ahora un nuevo caso ha ocurrido en Baeza, donde una pareja ha comenzado un calvario para recuperar a sus 5 hijos, retirados por el servicio de protección al menor de la administración andaluza. Tienen 3, 4, 7, 12 y 16 años de edad, habiéndose repartido todos entre familias de acogida para las dos niñas más pequeñas, el de siete años con una discapacidad considerable se ha ingresado en un centro de La Carolina y los dos mayores repartidos en pisos de menores tutelados por la Junta en la capital jiennense.
Entrevista a la abogada Maria Vicenta Ruíz por la retirada de 5 menores a una pareja
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La familia está compuesta por una pareja de hecho que lleva unida más de 7 años conviviendo con normalidad, Santos Martínez y Linarejos Najera. Fruto de esta relación, nacieron las dos menores de 3 y 4 años, Candelaria y Linarejos. De un matrimonio anterior de ella son los tres más mayores, Maria, Miguel y Cristian, existiendo una orden de alejamiento hacia la mujer y los hijos por malos tratos.
Durante poco más de un año estuvieron viviendo en la población de Arroturas, en el municipio de Villacarrillo. Pero al ser los únicos niños en el centro escolar, la familia decidió trasladarse a Baeza, donde los pequeños se encontraban más a gusto para poder relacionarse mejor con otros niños de su edad.
Según parece, residen en una vivienda de alquiler que se encuentra en buenas condiciones y en la actualidad se estaban planteando la adquisición de una casa amplia donde poder trasladarse todo el núcleo familiar, el tiene trabajo estable y los niños no sufren ningún tipo de desamparo según defiende su abogada, María Vicenta Ruíz Patón, quien ya demostró que en el caso de la familia de Castellar, se había cometido un grave error al separar a sus miembros y dispersarlos por diferentes centros y familia de acogida durante más de un año tras una traumática retirada que se produjo de madrugada con fuerte presencia de Guardia Civil y técnicos de la Junta de Andalucía.
Ahora la historia se repite con una retirada de los menores, pero esta vez sin notificarlo previamente por escrito a la familia, según la abogada, “alegando que no conocían el domicilio para notificar la retirada”, algo que le causa estupor porque “para acudir a llevárselos si que conocían donde estaban viviendo”.
Otro de los argumentos esgrimidos es que los niños “tienen piojos”, algo que para la defensa no significaría motivo para retirarlos de su familia, puesto que el hombre de la pareja, desde un primer momento “ha tratado a todos los menores como sus propios hijos”, aunque los tres más mayores sean solo descendientes de su pareja.
La abogada asegura que la ley permite a los de mayor edad poder opinar sobre su situación antes de ser declarados en desamparo y que eso no se ha producido en ningún momento, “nadie les ha preguntado si estaban bien y si existía algún problema familiar grave” que desencadenara esta situación. Tan solo existen presuntos comentarios de vecinos en 2018 durante el tiempo que la familia residía en Arroturas.
Ya han logrado reunierse padres e hijos en una ocasión, pero la sorpresa fue cuando una de las niñas les dijo que ellos ya no eran sus padres, que ahora tienen otros padres e incluso otra abuela. Por eso la abogada de la familia considera que la familia de acogida no está siendo una buena opción mientras se resuelve el caso.