Una edil del PP de Alcorcón, investigada por la liquidación de obras del CREAA

Móstoles

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcorcón ha propuesto la apertura de juicio oral contra la edil del Partido Popular, Susana Mozo, por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la liquidación por 34 millones de euros de las obras del CREAA en 2012.

"Podría haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la Empresa Pública en particular y de fondos públicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificación técnica preceptiva", así lo ha adelantado El País y así lo recoge el auto al que ha tenido acceso Europa Press, contra el que cabe recurso.

Según se explica en el mismo, Mozo --entonces Consejera Delegada de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa)--, firmó el contrato de liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA) por la cantidad ya mencionada, cuando sólo estaba facultada para firmar contratos de hasta 90.000.

Este hecho, según indica el juez, junto con el de que no consta que las cantidades devueltas a la U.T.E. del CREAA se encuentren justificadas por la preceptiva firma de la Dirección de Ejecución de Obra, podrían ser constitutivos de delito al haber adoptado una decisión sin poseer facultad para ello y "sin los informes técnicos preceptivos".

Asimismo, en el contrato de resolución se acordó devolver, en concepto de acopios, la cantidad de 2.414.722,96 euros, "los cuales tampoco han sido certificados por los técnicos responsables a través de las certificaciones de obra, quienes declararon no haber visto el documento o no recordarlo".

La actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), por entonces en la oposición, fue quien interpuso la querella contra la concejal del PP Susana Mozo --y el resto de personas "que durante el curso de la investigación se deduzca su participación en los hechos"-- por presunta "prevaricación y malversación de fondos públicos" en Emgiasa en marzo de 2019 Ahora el auto, obliga a que se dé traslado al fiscal y a la acusación particular ejercida por De Andrés para que formulen acusación contra la concejal del PP, pidan el archivo de la causa o incluso soliciten pruebas complementarias antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.

EXPLICACIÓN O DIMISIÓN

Tras conocerse el auto del juez, la alcaldesa ha pedido a la edil popular que dé explicaciones convincentes o que si no dimita. "No estamos en diligencias previas, estamos en la apertura de juicio oral porque el magistrado ve indicios de varios presuntos delitos.

Por tanto, estamos en una situación muy grave", ha recalcado la regidora, que fue quien impulsó esta denuncia contra Mozo en marzo de 2019 cuando De Andrés aún estaba en la oposición y la edil popular formaba parte del Gobierno. La primera edil está convencida de que esto ha supuesto un perjuicio para el patrimonio de la empresa pública.

"Lo que es obvio es que esta actuación ha influido de forma muy negativa en la vida contable de la empresa municipal de la vivienda. Incluso ese concurso de acreedores que promovió el PP puede ser provocado por actuaciones de este tipo", ha subrayado.

Además, se pregunta si el exalcalde de Alcorcón, hoy consejero de la Vivienda y de Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, "¿va a asumir alguna responsabilidad en este orden o el muerto se lo va a quedar todo Mozo?".

En este sentido, se ha referido a que en esa época "él, además, era el presidente de la empresa municipal", poniendo en duda que Mozo actuase a espaldas del regidor. "Por lo tanto, o por acción u omisión el Sr Pérez también tiene responsabilidad", ha recalcado.

El Teniente de Alcalde, Jesús Santos también ha pedido su dimisión.

"PERSECUCIÓN"

Por su parte, desde el PP de Alcorcón consideran que el Gobierno local "está realizando una clara persecución a los concejales de la oposición, con la única pretensión de ocultar las vergüenzas de Natalia de Andrés".

En un comunicado se han referido a que el auto es "de trámite" y que el proceso judicial, "el cual respetamos profundamente", sigue "los cauces pertinentes sin aportar ninguna novedad".

Este, prosiguen, "lleva meses siendo estudiado y ni la Fiscalía ni el juez han formulado acusación alguna". "La persecución a la que estamos sometidos los concejales de la oposición, cada vez más habitual en el gobierno de Natalia de Andrés, está siendo estudiada para iniciar posibles denuncias", han concluido.