Mireia Mollà: "El problema del trasvase del Tajo está en Madrid"

Valencia

Mireia Mollà amenaza de nuevo con acudir a los tribunales si el gobierno central no acepta sus alegaciones a los planes para el Tajo y el Xúquer. Según la consellera de transición ecológica los caudales ecológicos fijados para la cabecera del Tajo obedecen a criterios políticos, no técnicos.

En cabecera el Tajo no tiene problemas. Los tiene en su zona media, en Madrid, donde se carga de aguas contaminadas porque la capital de España no depura. Por eso pide que se mantenga el caudal del trasvase como estaba (porque tampoco la reciente sentencia judicial entra en la cantidad de agua que se trasvasa) y que se incluya una partida exclusiva para resolver el gran problema que supone Madrid. Y añade: en juego está el campo alicantino e incluso el abastecimiento en algunos municipios.

Xúquer y Albufera

En cuanto al Xúquer, también pide más obras para evitar que las aguas negras acaben en el río. Una apuesta por la agricultura de precisión y por evitar la sobreexplotación de los acuíferos y un plan específico para la Albufera.

Un plan en el que incluye lo ya contemplado hasta 2027 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar: una depuradora al norte (en Torrent); los tanques de tormentas ya acabados pero que no se ponen en marcha por las desavenencias entre la constructora y Aquamed que han acabado en los tribunales (el desbloqueo debería ser cosa de semanas); y a lo que añade otra depuradora al sur (no dice dónde) y reforzar el colector oeste. Sin eso, afirma Mollà, todo lo que se haga no servirá y es necesario acometer algunas de esas obras con urgencia, mucho antes del año 2027.

En las próximas semanas se iniciará un proceso de participación para que todos los municipios y sectores afectados por la Albufera participen en ese nuevo planeamiento para el lago y puedan aportar más cosas.

Por otra parte, Mollà exige que se evite la sobreexplotación de acuíferos y que las obras que tengan que acometerse para ello, dado que son de interés medioambiental, no tengan que pagarlas los agricultores. Que no se aplique "el principio de recuperación de costes". Algo que hace extensivo a todas las obras que puedan quedar enmarcadas dentro de este interés medioambiental.